San José – En cuestión de nueve meses, el Registro Nacional desapareció un total de 266 mil 029 sociedades anónimas que registraban más de tres períodos de morosidad en el país, dejando con las manos atadas a quienes tenían dineros y bienes a nombre de la sociedad.
El registro aplicó estas medidas como parte de la aplicación de la Ley 9024 del Impuesto a las Personas Jurídicas que fue aprobado por los diputados el año anterior y que fue apoyado por el PAC y el Frente Amplio para darle vía rápida.
La aplicación de la ley dio facultad a la institución para que disolviera las sociedades anónimas o personas jurídicas que no pagaran impuestos por más de tres períodos.
En un comunicado de prensa, Luis Gustavo Álvarez, director del Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional, aseguró que esa institución emitió desde el año anterior una campaña para advertir a los propietarios que sus sociedades desaparecían si no se ponían al día.
No obstante, según el Registro, ninguna de las 266 mil sociedades atendió el llamado y por ello es que, en diciembre de 2016 y mayo de este año, fueron publicadas en La Gaceta las listas con las personas jurídicas que desaparecieron.
Luego de ello, el Registro dio 30 días para que los propietarios apelaran la decisión y su cuenta no desapareciera; sin embargo, señalaron que tampoco ninguna de las 266 mil sociedades atendió el llamado a esa otra campaña, por lo que terminaron disueltas.
Ahora, a raíz de la situación, este medio ha tenido conocimiento de que los bancos han retenido las cuentas con dinero, así como dejado por la libre cientos de bienes, pues no tienen representantes legales, ya que las sociedades no existen.
Mediante ese comunicado, el Registro Nacional ha dicho que no tienen responsabilidad legal sobre las actuaciones de los bancos ante la retención de dineros, a pesar de que las entidades bancarias están actuando como consecuencia de la desaparición de las personas jurídicas ordenadas por el ente registral.
Este medio llamó a Luis Gustavo Álvarez para cuestionarle qué sucede con los bienes y dineros de las sociedades, pues están quedando en el aire al no existir representaciones legales; sin embargo, indicó que la entrevista debía canalizarse con la oficina de prensa.
Para el diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Gerardo Vargas Rojas, la ley que está aplicando el Registro efectivamente tiene un vacío legal que deja con las manos atadas a las personas jurídicas.
«Nosotros advertimos lo que podía pasar, las consecuencias que traía para miles de costarricenses ese proyecto de ley; sin embargo, pudo más la voracidad fiscal de algunas fracciones de promulgar más impuestos que la razón. Cuando nosotros mocionamos eso, las fracciones lo rechazaron», indicó el socialcristiano.
Por ello, el diputado propuso un proyecto para reformar esa ley, que pretende dar seis meses más a los propietarios para que decidan ponerse al día y evitar la disolución de la personería.
«El proyecto de ley se basa en las mociones que presentamos en su momento. Lo que hace el proyecto es reformar un transitorio para otorgar seis meses más a los representantes legales para que cancelando las sumas adeudas, puedan solicitar la disposición de sus sociedades», afirmó el legislador.
