Redacción – El Estado pierde más de 2 mil millones de colones al año por aplicar mal la Ley No. 7531 “Reforma Integral de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional”.
La diputada de Liberación Nacional, Sandra Piszk, envió una carta al ministro de Hacienda, Helio Fallas, para que revisara la aplicación correcta de la ley.
Ese marco jurídico vino precisamente a sustituir el texto de la Ley No. 7268 del 14 de noviembre de 1991 y a reformar íntegramente la Ley No. 2248 del 5 de setiembre de 1958; estableciendo en su artículo 71 una contribución especial, solidaria y redistributiva de los pensionados y jubilados, a todas aquellas pensiones que sobrepasen el tope de pensión que actualmente ronda los ¢3.800.000 colones, mediante porcentajes definidos por escalas que superen este tope.
Según lo ha dispuesto la misma Sala Constitucional con esta contribución no se afectan los derechos adquiridos de los pensionados.
De tal manera, al no estarse aplicando correctamente la ley, estas personas que no son profesores de escuela o colegio, sino catedráticos y altos jerarcas universitarios, reciben pensiones brutas que en algunos casos incluso sobrepasan los ¢10 millones de colones.
«Se trata de alrededor de 200 personas las que podrían estar recibiendo pensiones que sobrepasan el tope establecido en la Ley del Magisterio Nacional y que se estarían beneficiando con el no rebajo de esta contribución especial. Esta situación se estima que le estaría costando al Estado de alrededor de ¢2.000 millones de colones anualmente, lo cual en medio de la grave situación fiscal por la que atraviesa el país, es inconcebible que no se busque una corrección inmediata a esta situación”, comentó la verdiblanca.
Según la diputada, con ¢2.000 millones de colones más al año en las arcas del Estado se beneficiarían programas sociales y otros rubros de interés nacional, por lo que esperamos no solo que se tomen acciones inmediatas, sino que se vean reflejadas en el Presupuesto para el próximo año”.