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Autoridades afirman que en la zona hay explotación de menores
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Detenidos por fiebre del oro se exponen a condenas de 6 años de cárcel
Redacción – La extracción de oro en la prohibida mina de Crucitas dejó atrás la fiebre y ahora camina por los peligrosos senderos del crimen organizado, pues más allá de una intensa búsqueda de piedras brillantes en el agua y la tierra que deja millonarias ganancias, ahora también penetra en el inhóspito bosque el tráfico ilícito de armas y drogas.
Alejandro Araya, fiscal adjunto de San Carlos, declaró que, aparte de la extracción de materiales que se ha reportado en la zona en las últimas semanas, se han recibido indicios de otras actividades ilícitas que podrían acabar en organizaciones criminales, pues entre oro y dinero, se filtra el tráfico de armas, de drogas e incluso, la explotación de personas menores de edad.
«Estamos tratando de hacernos de datos que nos permitan desarrollar informaciones en otras áreas aparte de la extracción. Hemos recibido información de venta de droga ya en la zona, se habla de tráfico ilícito de armas y otras actividades que están asociándose a esa situación que está ocurriendo en Crucitas», declaró Araya.
El ministro de Seguridad, Gustavo Mata, también señaló que la actividad minera ilegal que ocurre en esa zona podría disparar la comisión de otros delitos, especialmente de drogas, pero además, por la cantidad de dinero que representa la extracción de oro en la mina.
Por ello, desde el mes de febrero la Fuerza Pública realiza operativos en los lugares aledañas para impedir tanto la extracción de material como la asociación de otras actividades ilegales.
«Desde febrero a raíz de una denuncia de extracción, hemos coordinado con la Fiscalía y el Minae para establecer estrategias. Hasta la fecha, hemos localizado a 85 personas en flagrancia, extrayendo el oro, así como el decomiso de mercurio que es traído de forma irregular desde Nicaragua», comentó el jerarca de Seguridad.
El Ministerio Público, actualmente, procesa tanto en flagrancia como en tribunales ordinarios a esos 85 sospechosos que fueron acusados por extracción de materiales, además, por el delito de aplicación de sustancias tóxicas en el suelo, como el mercurio.
Según Alejandro Araya, fiscal adjunto de San Carlos, en aproximadamente un mes, varias de esas personas detenidas
serían condenadas. La pena por ese delito es de hasta 6 años de prisión.
De igual manera, a otros sospechosos se le han impuesto medidas cautelares, como no acercarse al lugar. El control policial se dificulta en la finca, según el fiscal, en virtud de lo inhóspito de la zona, pues cuando llega la policía, las personas que extraen el oro se enteran y se esconden.
No obstante, la Fuerza Pública tiene en sus manos una lista en la que se tienen identificados sospechosos que no pueden ingresar al lugar, por lo que si se llegan a detener, serían procesados por desobediencia de las medidas cautelares.
Gustavo Mata explicó que se mantienen constantes operativos para acabar con esa fiebre del oro, que se asocia ahora a otras actividades ilegales que quitarían la tranquilidad del lugar.
