Redacción- La necesidad del costarricense por estar constamente conectado a Internet, es cada día más una realidad. Muestra de esto es la cantidad de líneas celulares en nuestro país, el cual es en promedio de 1.5 líneas por habitante según datos de la SuperIntendencia de Telecomunicaciones (Sutel).
El crecimiento ha sido constante, ya que la cifra de líneas activas creció 10,6% con 795.000 líneas nuevas en el 2016, respecto a los 7,5 millones del 2015.
Según el Informe Estadístico de Telecomunicaciones de la Sutel del año anterior, la cantidad de líneas celulares alcanzó 8,3 millones; mismo que señala como el consumo de datos se ha quintuplicado en un lapso de cuatro años.
La creciente penetración y el aumento en el consumo de datos, llevaron a la Superintendencia a dejar por la libre las tarifas de cobro de los operadores telefónicos del país, acción que ha sido criticada por algunos sectores y vista como un beneficio para otros.
Esta política de apertura y libertad para que los operadores de telefonía móvil cobren según conveniencia, pone un nuevo panorama para las empresas, pero en especial para los consumidores, quienes ahora tienen por parte de la Sutel, una garantía que cubre únicamente los aspectos de derechos así como calidad del servicio. La Sutel solo intervendría precios si descubre prácticas anticompetitivas en el mercado.
Sin embargo, la Defensoría de los Habitantes es una de las entidades que más ha criticado el nuevo modelo, al afirmar que no debe confundirse los medios con los fines, de manera que la competencia no es una finalidad en sí misma, sino que constituye un medio para incrementar el bienestar de los usuarios finales de estos servicios.
Más riesgos que beneficios
Nuestro país, mediante la Sala Constitucional, declaró en la sentencia N°10627 en junio de 2010, que el acceso a Internet es un derecho fundamental, por tratarse de un vehículo indispensable y necesario para transitar en la sociedad de la información.
Sin embargo, la nueva posición de la Sutel respecto al cobro, pone en riesgo para algunos expertos el acceso que se puede tener a la red. Entre estos la Defensoría, así como algunos diputados, quienes han manifestado los riesgos de este nuevo modelo.
Para Roderick Sandoval, especialista en desarrollo web del TEC, el modelo forma parte de un sistema de dominanza compartida por parte de los operadores, en la que se marca una tendencia que ha venido reemplazando el oligopolio tradicional, pero que al mismo tiempo, marca un terreno no equitativo para los consumidores y los operadores, en especial el estatal.
Asimismo, señala que pueda ser que no se pierda el acceso por parte de los usuarios, pero que puede generar competencia desleal entre los operadores al no tener mínimos o topes en las tarifas.
Por su parte, Ronald Brenes, desarrollador del Departamento de Administración de Tecnologías de Información y Comunicación (Datic) y especialista en software libre, destaca que se pone en riesgo el acceso a la libertad y expresión de opinión que tienen los usuarios mediante sus dispositivos y opciones como las redes sociales, al ser estos ahora los mecanismos principales para divulgar y obtener información.
«Muchas personas que tal vez no tienen la posibilidad por posición geográfica o económica de acceder a otros medios, pueden ahora encontrarse con el temor de consumir los datos por ver una información que es de interés y que puede educarla o bien informarla, por lo que la política de apertura puede poner en riesgo este aspecto» Ronald Brenes Arce, Datic
