Redacción-Los diputados que conforman la Comisión de Ingreso y Gasto Público comenzaron, la investigación sobre presuntas irregularidades en la exportación de piña orgánica falsa.
En la sesión comparecieron Luis Felipe Arauz Cavallini, ministro de Agricultura y Ganadería; Ivannia Quesada Villalobos, viceministra de Agricultura y Ganadería; Francisco Dall’Anese, exdirector del Servicio Fitosanitario del Estado y a la Junta Directiva de la Cámara Nacional de Agricultura Orgánica (Canagro).
Los legisladores no quedaron satisfechos con las respuestas emitidas por los jerarcas del MAG ante los cuestionamientos y, por el contrario, dejaron entrever la necesidad de recibir más información sobre el proceso de certificación que garantiza que un producto exportado es realmente orgánico.
“Creemos que el sector de agricultura orgánica de este país debe ser fortalecido, hacia ahí deberíamos ir, pero cuando se presenta una denuncia de supuesto fraude estamos poniendo en riesgo nuestra gallinita de los huevos de oro. Solamente resolveremos este problema señalando, atacando y sacando de circulación a quien esté haciendo fraude con una producción tan importante”, aseguró el diputado Frank Camacho.
Los legisladores acordaron extender la investigación, ampliar las sesiones sobre este tema y llamar a comparecer a José Miguel Jiménez, técnico del MAG; a representantes de las empresas Valle Verde Corp, L y L Proyectos, MMV S.A y Congelados y Jugos Valle Verde S.A; a representantes de las empresas certificadoras Kiwa BCS y PrimusLab y a representes de Comex y Procomer.
Resumen de la denuncia.
Los hechos que dan origen a la investigación legislativa fueron denunciados ante el Ministerio de Agricultura (MAG) por miembros de la Cámara Nacional de Agricultura Orgánica (Canagro), organización que reúne a un importante número de productores del norte del país.
Las empresas cuestionadas por Canagro fueron: Valle Verde Corp, L y L Proyectos, MMV S.A y Congelados y Jugos Valle Verde S.A
Poco después de hacerse la denuncia, el anterior director del Departamento Fitosanitario, Francisco Dall´Anesse, ordenó una serie de investigaciones en cultivos supuestamente orgánicos de la región norte.
Las investigaciones fueron encomendadas al funcionario del MAG, José Miguel Jiménez, quien en cientos de folios técnicamente diseñados, comprobó que se producía un aparente fraude con exportaciones de falsa piña orgánica, y que en el manejo administrativo de esos casos existían irregularidades.
Según la denuncia de Canagro, varias exportaciones de piña convencional habrían pasado como piña orgánica y así fue colocada en mercados internacionales generando ganancias millonarias. Incluso, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos planteó una denuncia en ese sentido durante un encuentro celebrado en Vermont con productores costarricenses a finales de octubre de 2015.
Productores de Canagro aseguran que el MAG le suspendió los permisos de exportaciones de piña orgánica a las compañías involucradas; sin embargo, los empresarios investigados reanudaron las ventas al exterior violando disposiciones del MAG.
Poco después de ser suspendida la empresa exportadora sucedieron una serie de anomalías en el MAG. Para empezar, la suspensión de actividades se revocó. Posteriormente se produjeron una serie de reacciones persecutorias contra el ingeniero agrónomo que denunció el supuesto fraude con piña orgánica.
Incluso, el investigador denunciante fue suspendido por ocho días sin goce de salario acusado de compartir información con los miembros de Canagro que plantearon la denuncia. Lo acusaron de compartir información confidencial cuando esta no tenía esa naturaleza jurídica.
El Ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Felipe Arauz, dijo posteriormente en un programa radial que todo obedecía a un problema de competencia empresarial, negando todas las actuaciones del MAG frente a la denuncia.
De esa manera, Arauz renunció a ordenar y supervisar una investigación técnicamente aceptable por los productores reunidos en Canagro.
Ahora los diputados examinarán, durante los días que sean necesarios, las conductas asumidas frente a ese caso en el MAG y en las empresas privadas delegadas por el Estado para certificar exportadores y productores.
Los miembros de Canagro estiman que en torno a ese caso se produjeron una serie de hechos de interés público que deben ser conocidos por los ciudadanos.
