80 economistas anuncian apoyo al oficialista Carlos Alvarado

Redacción- Un grupo de 80 economistas anunció públicamente su adhesión a Carlos Alvarado y su propuesta de Gobierno Nacional mediante un comunicado conjunto.

Entre los firmantes se encuentran Marcela Román Forastelli, economista e investigadora del Estado de la Nación; el ex superintendente de Pensiones, Edgar Robles y la ex directora de proyectos de Unimer, Valeria Lentini Gilli.

Quienes suscriben el texto afirman que Costa Rica es un país caracterizado por tener un nivel de desarrollo económico relativamente alto comparado con la región, sin embargo, existen tareas pendientes en temas como competitividad, desempleo, eficiencia del aparato estatal y desigualdad, entre otros.

“Como economistas estamos conscientes de los retos que se avecinan para el próximo periodo de gobierno. Uno de los principales es el control del continuo déficit fiscal que nuestro país ha experimentado desde hace tres administraciones y que se proyecta en 7.1% del PIB para el año 2018”.

Afirman que dado el contexto político en el que se encuentra el país, caracterizado por una amplia división en la Asamblea Legislativa, “es urgente encontrar acuerdos mínimos para trabajar en pro del bienestar de la ciudadanía”, acuerdos que deben ser objetivos, suficientes, transparentes y ampliamente divulgados para un adecuado control ciudadano.

“Un gobierno no puede ser monotemático. Estamos conscientes de que a la par de un buen manejo de la economía, el gobierno debe también enfocarse en cumplir otras tareas importantes en temas de ambiente, educación, infraestructura y derechos humanos, entre otros; más cuando estas áreas impactan y se ven impactadas por la evolución económica general del país”, indicaron.

Los economistas firmantes ven con buenos ojos la propuesta de Gobierno Nacional suscrita entre Carlos Alvarado y Rodolfo Piza y afirmaron que la misma “plantea un mínimo de medidas que lograrían llevar a Costa Rica por un buen camino”.

Dicho acuerdo plantea la aprobación de una regla fiscal que atenúe el impacto de los gastos en el déficit fiscal, reformas a los impuestos de Ventas y Renta, mejora de la recaudación, lucha contra el fraude fiscal y la reactivación económica con generación de empleo con enfoque territorial.