San José – Con la finalidad de recuperar parte de los recursos utilizados por el Gobierno para restaurar la infraestructura vial y servicios básicos de agua potable, afectados por la Tormenta Tropical Nate en octubre de 2017, el Poder Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa, el Proyecto de Ley N° 20.747 Aprobación del Contrato de préstamo N° 4433/Oc-Cr para el programa de emergencia en respuesta a la Tormenta Tropical Nate.
Este Proyecto contempla un préstamo de US$20 millones por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y consiste en una modalidad de financiamiento para la “Facilidad de Respuesta Inmediata”, que consiste en ayudar a los países a cubrir gastos urgentes para la reanudación de los servicios básicos a la población afectada por un desastre.
Con estos recursos se financiarán retroactivamente, aquellos gastos que efectuó el Gobierno para la atención de esta emergencia y los que el BID considere como elegibles. Todos los gastos deben estar acordes con los daños reportados en el plan general de la emergencia correspondiente.
El ejecutor será la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) como órgano rector en esta materia, con el apoyo del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), que actuarán en su carácter de organismos subejecutores, de acuerdo con sus competencias.
Lo anterior por cuanto con este crédito se cubrirá costos por la atención incurrida en dos sectores específicamente: infraestructura vial e infraestructura de provisión de agua potable. En el primer sector se contemplan obras de rehabilitación de rutas y de puentes correspondientes a diversas vías de la Red Vial Nacional y el segundo se incluye la reparación de sistemas dañados y reparto de agua potable.
El plazo del crédito es a 25 años y el desembolso a 12 meses a partir de la fecha de entrada en vigencia del contrato. La administración de los recursos del préstamo se hará bajo el principio de Caja Única, para lo cual la Tesorería Nacional acreditaría los recursos provenientes de los desembolsos en una cuenta a favor del Fondo Nacional de Emergencias.