Agencia. Al menos cuatro personas han muerto, entre ellas un policía y dos estudiantes, durante la tercera jornada de protestas en Managua contra las reformas de la seguridad social impuestas por decreto por el presidente Daniel Ortega. Las manifestaciones han sido contrarrestadas en las calles tanto por las policías del país como por fuerzas irregulares de paisano.
Los heridos se cuentan ya por decenas, mientras, el Gobierno ha censurado tres canales de televisión al tiempo que el presidente Ortega mantiene su ausencia tras tres días de durísimas protestas por todo el país.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, endureció la represión contra centenares de manifestantes que se oponen al cambio en el régimen de pensiones (se aumenta la contribución de empleadores, trabajadores e impone una deducción del 5% a pensionistas). El Gobierno –liderado por la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo– había convocado a sus simpatizantes a manifestarse en la capital en una muestra de fuerza.
Managua era una ciudad sitiada por la Policía Nacional y las huestes del Frente Sandinista. Varios comercios decidieron cerrar sus puertas y empresas suspendieron sus labores, mientras se anunciaban nuevas manifestaciones en Granada –a 45 kilómetros de Managua–, Estelí –localizada en el norte del país y célebre bastión del sandinismo– y otras ciudades del centro de Nicaragua.
El policía fallecido ha sido identificado como Jilton Rafael Manzanares, de 38 años, pereció a causa de un disparo de escopeta en las cercanías de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), según ha detallado la portavoz de la Policía Nacional, Vilma González, en rueda de prensa.
En ese mismo recinto universitario murieron dos jóvenes, uno identificado como Darwin Urbina por medios oficiales, y otro de identidad aún desconocida, de acuerdo con la información preliminar. El cuarto fallecido fue identificado como Richard Edmundo Pavón Bermúdez, un estudiante de secundaria que fue asesinado en el municipio de Tipitapa, vecino de Managua, según la Policía Nacional.
El jueves Ortega decidió censurar a las dos principales televisiones independientes del país, cortando su transmisión, así como un canal de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Ante la censura oficial, los nicaragüenses acudieron a las redes sociales para mantenerse informados y convocar a las manifestaciones.
El presidente Ortega no ha comparecido ante los graves disturbios que afectan al país. Ha sido su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo quien ha enfrentado la crisis. Murillo calificó como “minúsculos grupos alentadores del odio” y como “mediocres” a los manifestantes, a quien les deseó un “castigo divino”. Las imágenes que recorrieron las redes sociales, sin embargo, mostraban a miles de nicaragüenses que protestaban en las principales ciudades del país.
En Granada, ciudad colonial localizada a 45 kilómetros de Managua, los manifestantes bajaron la bandera rojinegra del Frente Sandinista de la Plaza de Armas, en un acto cargo de simbolismo en este país donde Ortega ha gobernado durante once años prácticamente sin oposición y con un control total del Estado.
La noche del jueves centenares de capitalinos salieron de sus casas sonando cacerolas como forma de protesta contra el Gobierno, mientras en Matagalpa, en el norte del país, decenas de personas se tomaron la plaza central de la ciudad. Las manifestaciones también se registraron en Estelí, bastión del sandinismo, y en Masaya, donde en el barrio de Monimbó, simbólico por su resistencia a la dictadura somocista, se alzaron barricadas.
Las principales cámaras empresariales del país rechazaron la represión contra la población y la censura a los medios de comunicación independientes. La Cámara Minera de Nicaragua exigió al Gobierno a través de un comunicado que “garantice el derecho ciudadano de expresar pública y libremente sus puntos de vista”, a la vez que advirtió que las reformas impuestas a la Seguridad Social “ponen en riesgo la estabilidad de la nación”.
Por su parte, el Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE), que aglutina a importantes organismo del sector privado, exigió respeto “al derecho a la libre movilización e irrestricta libertad de expresión”. El Consejo Superior de la Empresa Privada, la principal cámara empresarial del país, pidió al Gobierno “diálogo” y exigió el respeto a la “libertad plena de información”.
El sector privado ha marcado distancia de las reformas impuestas por Ortega al Sistema de Seguridad Social, que han sido el detonante del descontento popular. La noche del jueves se mantenía la convocatoria a nuevas manifestaciones y para este viernes se esperaban protestas en la región del Caribe, donde miles de campesinos se oponen al Gobierno de Ortega tras la entrega de la concesión a un empresario chino Wang Jing para la construcción de un Canal Interoceánico, un proyecto estancado que es visto como una amenaza para miles de familias de la zona. El mandatario, sin embargo, guarda silencio ante un país movilizado.
