Asamblea Legislativa – Otto Roberto Vargas, diputado del Partido Republicano Social Cristiano, expresó su preocupación por la designación del nuevo directorio legislativo.
El directorio se conformó en su mayoría por mujeres de los partidos Acción Ciudadana, Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y Restauración Nacional.
La presidencia estará liderada por la oficialista Carolina Delgado, la sigue María Inés Solís del PUSC. La Primera Secretaría se le otorgó al liberacionista Luis Fernando Chacón y la segunda fue para Ivonne Acuña, de Restauración Nacional. Las Pro Secretarías quedaron en manos de Liberación y la Unidad respectivamente. El primer puesto fue para Yorleny León, mientras que Shirley Díaz ocupará la segunda plaza.
Según Vargas, esta elección muestra un bloque muy fuerte entre los cuatro partidos de mayor representación, por lo que los minoritarios estarán en clara desventaja.
«Estamos viendo un comportamiento que no sé hasta donde sea beneficioso, vemos un bloque muy fuerte de 35 votos del partido oficialista, eso nos deja en desventaja a las fracciones minoritarias», indicó el legislador.
Vargas reconoció que para el PAC su prioridad es avanzar en el tema fiscal. No obstante, afirmó que ellos no podían negociar una agenda que comprometiera la del partido.
«Yo me declaré independiente, estoy siguiendo línea de partido. Tuve conversaciones previas a esta elección con el partido de gobierno pero una de las prioridades de ellos es el paquete fiscal. Nosotros somos el partido de las garantías sociales, queremos legislar para la gente más necesitada y no podemos asumir el compromiso a cambio de nada», afirmó.
Su preocupación se dirige a las repercusiones que provocaría este paquete fiscal, como el gravar un impuesto disminuido del 2% la canasta básica y un 4% a las universidades privadas. Indicó que los espectáculos públicos y las compras en el extranjero también se verían perjudicadas.
En materia de electricidad, manifestó que está en total desacuerdo que se grave después de 200 kilovatios mensuales, lo cual afectaría a cualquier zona franca, empresa o maquiladora.
«Nosotros, los legisladores, tenemos que hacer el marco idóneo para que el sector productivo del país crezca, que es el que genera empleo. No puede ser que siga siendo el estado costarricense, el primer empleador del país».
