Redacción- El Gobierno de la República decretó ampliar por un año la intervención del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP), con el fin de no obstaculizar el proceso penal que se lleva a cabo, así como dar continuidad al proceso de fortalecimiento y modernización de la institución.
La intervención, que culmina este jueves, se extenderá hasta el 28 de junio de 2019.
Una de las principales consideraciones para la ampliación fue el resultado de la auditoría, dado a conocer en abril de 2018.
Ese informe detectó serias deficiencias de gobierno corporativo, manejos inadecuados de la cartera crediticia, potenciales conflictos de interés en la aprobación de los créditos, problemas en la gestión administrativa y debilidades en el control de los fondos públicos, entre otras irregularidades.
Otro factor determinante fue la importancia de no interrumpir la fase de implementación de la “Modernización Institucional” con enfoque técnico, la formulación del Plan Estratégico del INFOCOOP 2018-2022, la presentación de un proyecto de Ley de Cooperativas, que posibilite el robustecimiento y modernización de la institución, así como el fortalecimiento del gobierno corporativo y los mecanismos de control y buen resguardo de los recursos públicos.
Todos estos esfuerzos buscan impulsar el desarrollo para el sector cooperativo basado en la innovación, reconversión y desarrollo territorial.
“Ambos procesos están avanzados por la Junta Interventora, pero requieren de una continuidad coherente con los fundamentos éticos y técnicos que han justificado la intervención”, señaló la Junta Interventora, en una carta enviada al Consejo de Gobierno este lunes 25 de junio, donde también recomendó prorrogar la medida por al menos un año calendario.
Durante este nuevo período la junta estará conformada por el Ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado Rivera -quien además será el coordinador- y la Viceministra de Trabajo, Nidia Solano Brenes.
Se mantendrán en los cargos Patricia Rodríguez Canossa, Anallancy Morera Gutiérrez y María Ángela Arias Marín con el objetivo de aprovechar la curva de aprendizaje adquirida en el proceso.
Se sumarán al equipo Carlos Brenes Castillo y Kemly Camacho Jiménez, quienes vendrán a vigorizar el proceso de modernización.
Los siete integrantes de la Junta Interventora no percibirán remuneración.
Las cooperativas en Costa Rica, hace mucho tiempo controladas por una mafia política que se aprovechaba a más no poder de los beneficios que generan. Incluso cuando las quiebran sólo se protege el capital inversor, al capital social no, los fundadores pasan a un tercer plano y siempre serán los perdedores. Para mi con el dolor del alma lo digo, porque he sido cooperativista, estas se convirtieron en garroteras, al servicio de esa mafia, ahí se pagan, se cobran favores y punto.
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