Una decena de heridos dejó este sábado un tiroteo contra manifestantes que exigían en las calles de Managua la renuncia del presidente Daniel Ortega y justicia por la veintena de menores fallecidos, entre más de 220 muertos en dos meses y medio de represión.
El pánico se apoderó de miles que participaban en la «Marcha de las Flores», en el suroeste de Managua, cuando un grupo se separó de la ruta y fue atacado a balazos al pasar por una propiedad ocupada por civiles encapuchados y fuertemente armados.
«Diez personas fueron heridas durante la marcha», una de ellos llevada de gravedad a un hospital, dijo a la AFP Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH). Un equipo de AFP pudo ver que un hombre cayó con un impacto de bala en la cabeza, pero los grupos de derechos humanos verifican si hubo muertos. Entre los heridos había una niña.
Algunos manifestantes se habían separado de la marcha, que concluyó en la rotonda Jean Paul Genie, para ir a apoyar a estudiantes atrincherados en la Universidad Autónoma Nacional de Nicaragua (UNAN), a poca distancia, en el suroeste de Managua.
Justo en la UNAN, cuando empezaba la marcha, desconocidos dispararon contra una barricada, lo que dejó dos jóvenes heridos, según el CENIDH.
«Hacemos llamado a que cese la represión que nos está dejando derramamiento de sangre innecesarios», declaró Álvaro Leiva, representante de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).
«No están matando a los niños»
Con flores y banderas, desafiando el temor, miles de nicaragüenses marcharon en Managua y otras ciudades en la «Marcha de las Flores», la primera desde la multitudinaria manifestación el 30 de mayo en el Día de la Madre, atacada a balazos por policías y paramilitares, con saldo de 18 muertos.
«Estoy aquí porque quiero ver a mi Nicaragua libre. Duele que hayan muerto niños como yo, pero hay que seguir en lucha hasta que salga el dictador», dijo a la AFP un estudiante de 15 años, con pasamontañas. En una mano llevaba una bandera nicaragüense, en la otra un lanza-mortero.
En otras ciudades, como León (norte) y Masaya (sur) -la segunda y tercera en importancia-, también se realizaban marchas convocadas por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que aglutina a la sociedad civil.
Entre las muertes de menores que han conmocionado al país están la de un bebé de cinco meses, calcinado en el incendio a su casa, y otro de un año por un disparo en la cabeza en una calle de Managua, ambos casos atribuidos por sus familias a fuerzas del gobierno.
Sentada en una silla de ruedas, Luz Marina, de 78 años, dijo haber ido a la marcha para «acompañar a las madres que han perdido a sus niños».
«Tengo hijos y nietos y me duele pensar que pueda pasarles algo. Por esto estoy aquí», lamentó.
«Estamos denunciando la masacre contra el pueblo de Nicaragua que ha hecho este gobierno genocida. !Qué se vaya!. No están matando a los niños», declaró Carmen Martínez, abogada de 64 años, vestida de blanco y azul y con flores rojas en las manos.
«Contra la nueva dictadura»
Los manifestantes exigen la renuncia de Ortega, exguerrillero izquierdista de 72 años que llegó al poder con la insurrección popular que derrotó al dictador Anastasio Somoza en 1979, y volvió al gobierno por las urnas en 2007.
Lo acusan de instaurar, junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, el nepotismo, una dictadura y desatar una brutal represión.
«He marchado siempre, y hoy más que por nuestros muertos, por los niños. Me duelen los asesinatos de Ortega y la Rosario. Estuve en 1979 contra Somoza y ahora contra la nueva dictadura», aseguró Cecila Cruz, de 67 años.
La marcha había sido suspendida hace una semana por la violenta incursión de antimotines, parapolicías y paramilitares que trataban de desmontar las cientos de barricadas instaladas en las protestas en varias zonas del país.
La Alianza Cívica reprogramó la manifestación aprovechando que están en Nicaragua expertos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
«El derecho a manifestarse constituye un elemento fundamental a la libertad de expresión, el derecho a la reunión y a la participación democrática», escribió en Twitter la CIDH.
Con la mediación de la Iglesia católica, el gobierno y la Alianza reanudaron el lunes un diálogo, pero se estancó porque Ortega, cuyo tercer mandato consecutivo acaba en enero de 2022, no responde a la propuesta de adelanto de las elecciones de 2021 a marzo de 2019.
El gobierno de Ortega califica las protestas y la exigencia de la renuncia de Ortega como una «intentona golpista» apoyada por Estados Unidos y acusa a los manifestantes de «delincuentes» y «pandilleros».
Con información de lanacion.com.ar (La Nación de Argentina)
