Redacción. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla, anunció de forma sorpresiva su decisión de acogerse desde este lunes a su jubilación, pero lo hace con un enorme beneficio a su favor: una pensión de lujo.
Según una fuente interna del Departamento de Gestión Humana, Chinchilla podría recibir una pensión de ¢9,5 millones mensuales; sin embargo, el monto podría bajar debido a los resientes cambios aplicados al sistema de pensiones del Poder Judicial que entró en crisis meses atrás.
No obstante, a pesar de la deducción por concepto de contribución solidaria que se le aplicará, la pensión de Chinchilla superaría los ¢6 millones de colones.
Chinchilla fue sancionado junto con otros tres magistrados de la Sala Tercera por una falta grave por una decisión judicial en torno a una causa penal por tráfico de influencias vinculada con los exdiputados Otto Guevara Guth y Víctor Morales Zapata, en relación con el caso del cemento chino.
El presidente de la Corte recibió una amonestación escrita al igual que sus compañeros Jesús Ramírez, Doris Arias Madrigal y María Elena Gómez Cortés. Los cuatro desestimaron la causa, pero después se comprobó que al parecer sí existían suficientes pruebas para continuar la investigación contra los entonces legisladores.
La investigación se abrió por el delito de tráfico de influencias debido a la cercanía de Guevara y Morales con el empresario y dueño de Sinocem, Juan Carlos Bolaños, quien actualmente descuenta prisión preventiva en una cárcel.
Actualmente, las pensiones de los ex magistrados del Poder Judicial figuran entre las más altas del país.
Una investigación de AMPrensa.com determinó, en el 2016, que los costarricenses pagan diariamente 47 millones 811 mil colones para darle pensión a estos jubilados del Estado, entre los que figuran los ex magistrados, ministros, ex diputados, ex jerarcas de instituciones autónomas, entre otra variedad de puestos de alto nivel político.
Veintiocho de esas pensiones corresponden a ex magistrados, los cuales reciben dinero con cargo al fondo de pensiones del Poder Judicial, programa que es financiado por los propios empleados de esa entidad. En total, estos juristas reciben más de 194 millones de colones.
