Redacción – Luego de que sindicalistas se pronunciaran al respecto, el Ministerio de Justicia y Paz aclara que la reforma a la Ley General de Telecomunicaciones que bloquea la señal celular en los centros penitenciarios del país no dejará incomunicados a los policías y a funcionarios.
Algunas organizaciones sindicales como la la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), se pronunciaron ante esto y argumentaron que los policías penitenciarios no fueron consultados, o que los funcionarios que laboran en las cárceles quedarían incomunicados con esto.
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Según aclara Justicia y Paz, la Policía Penitenciaria ha sido un pilar de este proyecto.
El Director Pablo Bertozzi ha participado activamente en su construcción, y ha explicado que el bloqueo de la señal celular ayudará a que la labor de vigilancia sea más efectiva.
Este proyecto presenta dos fases para su concreción:
La legislativa, en la que el proyecto se analizó en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico en la Asamblea Legislativa, con los aportes de los sectores consultados por los diputados y diputadas de la República.
La segunda etapa es la elaboración del reglamento donde se involucra la voz de actores. Los ministerios de Justicia, Seguridad Pública y Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, los operadores de telecomunicaciones y la Policía Penitenciaria en la figura de don Pablo Bertozzi elaborarán este reglamento en un período de nueve meses.
La institución aclara que el personal de los centros penitenciarios no quedará incomunicado. Hay teléfonos fijos y radios en cada uno de estos centros.
«Debe indicarse que la Dirección de la Policía Penitenciaria se prepara para mejorar sus equipos de comunicación, pero la definición en esta materia deberá esperar las medidas tecnológicas que se adaptarán para realizar el bloqueo. Esto se concretará en la comisión que redactará el reglamento para la ley en un período de nueve meses», dice el comunicado.
El ministerio recalca que se ha mantenido un diálogo, desde el inicio de la presente administración, entre las partes técnicas, políticas y operativas que se ven involucradas en la conformación de esta ley.
El ministerio como institución encargada del sistema penitenciario costarricense, mantiene como uno de sus objetivos mejorar la seguridad ciudadana y no afectar a los colaboradores públicos y población en general.
