Redacción- La Defensoría de los Habitantes considera urgente un nuevo modelo de gestión para la tramitación de bonos de vivienda de interés social. Lo anterior para que el Estado cumpla con un rol activo y protagónico en la definición de las y los beneficiarios.
A esta conclusión llegó la Defensoría luego de realizar un análisis crítico y propositivo del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV), con el objetivo de determinar si realmente constituye un instrumento efectivo para el combate de la pobreza.
El Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (Ley No. 7052) se creó con la misión de procurar solucionar el problema habitacional existente en el país, incluido el aspecto de los servicios.
Está integrado por el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, el Banco Hipotecario de la Vivienda y las entidades autorizadas, las cuales son las encargadas de tramitar, calificar y aprobar o rechazar, técnicamente, las solicitudes de postulación al beneficio del Bono Familiar de Vivienda.
La investigación realizada por la Defensoría se enmarcó en un periodo de estudio entre los años 2012 y 2017, se utilizó una muestra probabilística de 40 proyectos de vivienda de los 101 ejecutados en esos años que brindaron solución habitacional a un total de 6607 familias; y se desarrolló en las seis regiones del país: Central, Pacífico Central, Chorotega, Brunca, Huetar Norte y Huetar Caribe-Atlántica.
Entre los hallazgos de la investigación destacan:
-No hay un rol protagónico del Estado en la definición de los futuros beneficiarios.
Desde la perspectiva de las y los habitantes se evidencia que el Estado no es quien busca a las familias, sino que son sujetos privados los que en principio captan a los potenciales beneficiarios de los proyectos de vivienda, o en su defecto son los habitantes los que ubican a los desarrolladores para iniciar un proyecto de vivienda.
-Que a pesar de que la Contraloría General de la República desde el año 2013 y la Defensoría le ha ordenado al BANHVI una mayor fiscalización de los proyectos de vivienda, en las entrevistas realizadas a las familias de proyectos de vivienda de interés social se observaron deficiencias en infraestructura de las viviendas y de las calles; además los beneficiaros señalaron estar sufriendo problemas de malos olores por el mal funcionamiento de los tanques sépticos, problemas con el sistema eléctrico y filtraciones de agua, entre otros.
-Que si bien la Ley No. 7052 prevé sanciones para las entidades autorizadas y los desarrolladores cuando comenten un error o irregularidad, a la fecha no se conoce de ningún proceso abierto en contra de alguna entidad autorizada.
-Que de acuerdo a lo señalado por el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos tampoco hay un registro actualizado del número exacto de precarios a nivel urbano y rural.
-Existen omisiones de información para los posibles beneficiarios, tratándose de conocer sobre los avances en el trámite iniciado.
De acuerdo a las 498 entrevistas realizadas se evidenció que había casas abandonadas, alquiladas, prestadas o mejoradas en el corto plazo a partir de su entrega.
-Se logró constatar que debido a la tramitología existente los plazos para la aprobación de proyectos de vivienda son extensos
