Redacción – La decisión de los magistrados de la Sala Constitucional decepcionó y tomó por sorpresa a más de un activista a las afueras de la institución la noche del miércoles anterior. Uno de ellos era el diputado gay Enrique Sanchez, quien se mostró muy seguro de que el matrimonio entre personas del mismo sexo es una realidad que pagará la deuda que tiene el Estado con la comunidad LGTBIQ+, según sus palabras.
Los magistrados, en la sesión más larga de los 29 años que tiene esta entidad, tomaron la decisión de que la resolución sobre el matrimonio igualitario sería determinada en la Asamblea Legislativa, con un plazo máximo de 18 meses.
Algo que preocupa al legislador y que tiene muy presente es que, si el tema no se ha resuelto en varios años, no sería posible en tal solo un año y medio.
«La Sala Constitucional ni siquiera nos da alternativa, vea lo absurdo de este fallo que evade la responsabilidad que tenían como magistrados que nos da 18 meses para resolver de acuerdo a lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Es decir, nos da 18 meses para adecuar las leyes a una única alternativa. Si eso fuera posible, ya lo hubiéramos resuelto en la Asamblea Legislativa», aseveró Sanchez.
Además, asegura que los magistrados tenían en sus manos la posibilidad de garantizar los derechos por igual para toda la población pero se dio una injusticia.
«Ellos tenían la posibilidad de resolver, de sanjar este asunto y no quisieron hacerlo porque les faltó entender que Costa Rica, en este momento, quiere ser una sociedad más justa, más igualitaria, una ciudadanía donde no hayan ciudadanos de segunda categoría. Si bien aprueban las acciones de inconstitucionalidad, no podemos celebrar que, durante 18 meses más, sigan habiendo familias de segunda categoría y personas sin los mismos derechos», destacó.
El diputado afirma que, a pesar de la decepción por la noticia, sabe que el matrimonio civil entre personas del mismo sexo es una realidad.
«En la Asamblea Legislativa no se va a resolver y los magistrados resolvieron que en 18 meses, se derogan los artículos que prohíben esto. Es decir, la vía nacional está agotada y dentro de 18 meses habrá matrimonio igualitario».
Los magistrados determinaron que si los legisladores no reforman el artículo 242 del Código de Familia en el plazo establecido, se anula la prohibición para que se les permita el matrimonio entre hombres con hombres y mujeres con mujeres.
