Redacción – El Ministerio de Justicia trasladó más de 5,300 millones de colones sin la autorización de la Asamblea Legislativa.
Según un oficio del departamento de Gestión Estratégica del Ministerio de Justicia y Paz, la entidad le asignó un presupuesto extraordinario por ₡5,319 al Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes.
El dinero se transfirió entre diciembre de 2016 y enero de 2017 para atender las necesidades de infraestructura penitenciaria. Cuando se le consultó a la Contraloría General de la República sobre el uso de los recursos, la institución indicó que no se debía presentar ese presupuesto porque no iban a ser ejecutados en el periodo 2016, por lo que debían incluirlo en el presupuesto del siguiente año.
Pese a esta recomendación, cuando el Ministerio volvió a consultarle a la Contraloría, ésta resolvió que los recursos no se aprobaron debido a que carece de fundamento legal la presupuestación, esto quiere decir sin la presentación de un presupuesto extraordinario.
El artículo 121 de la Constitución Política establece que es atribución de la Asamblea Legislativa dictar los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República.
La partida fue aprobada por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda, mediante el oficio STAP-1644-2017.
El diputado del Partido Liberación Nacional y miembro de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, Luis Fernando Chacón, denunció el pasado martes el pago ilegal de los recursos.
«Aquí tengo conmigo los oficios que prueban esto que estoy diciendo. Muy grave. Nuevamente, el partido de gobierno le pasó por encima a este parlamento, a la Constitución Política y a las leyes de la República».
El pasado 20 de agosto, el viceministro de esta cartera, solicitó que se le permitiera al Ministerio de Justicia presentar una moción presupuestaria para validar y a la vez, variar los recursos para incluirlos en el primer presupuesto extraordinario.
