Redacción- La sumatoria de todos los presupuestos de las instituciones públicas dedicadas a resguardar la seguridad del país: el ministerio Público, Justicia y Paz y Seguridad Pública, así como Defensa Pública y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), es de casi un 1 billón de colones.
AMPrensa.com analizó los informes presupuestarios de cada una de estas entidades, en los cuales se desglosan las áreas en las que se invierte el dinero otorgado a estas instituciones.
El Ministerio Público presupuestó para el 2018, un total de 51 mil 842 millones 189 mil colones. El Ministerio de Seguridad Pública (MSP), un total de ₡662 mil millones.
En el caso del OIJ, un monto general de 1oo mil millones de colones y en lo que respecta a Defensa Pública, se aprobó un presupuesto para este año de ₡39 mil 102 millones 225 mil.
Según un estudio reciente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Los costos de crimen y de la violencia: Nueva evidencia y hallazgos en América Latina y el Caribe, a nivel Latinoamericano y del Caribe, el delito le cuesta a los países un 3% del Producto Interno Bruto (PIB).
El informe indica, además, que en toda la región, el costo del crimen ronda los $236.000 millones. Estos costos se desglosan de la siguiente manera: un 42% corresponde a lo utilizado en servicios policiales, un 37% a gastos privados y un 21% a victimización.
Un dato importante dentro de este estudio, señala que el costo del crimen a nivel Latinoamericano y del Caribe, representa el doble de lo invertido en países desarrollados para atender esta problemática.
El problema está en que pese a que se presenta una mayor inversión en esta área a nivel regional, los resultados de ese gasto no se ven traducidos en mejoras en seguridad, ni en la reducción de las tasas delictivas.
Walter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), señala que fortalecer el sector justicia es caro, pero que ese gasto es casi una obligación, tras el aumento de la criminalidad en el país.
Esta inversión no solo se le debe inyectar a las instituciones que velan por la seguridad del país, sino también a otros sectores que sufren las consecuencias de esta problemática, como es el caso de Salud. Al aumentar la criminalidad, incrementa el número de personas heridas que requieren de atención, lo que a su vez, implica contratar personal que atienda a estas personas, entre otras acciones que también implican gastos.
Dentro de los gastos que se desglosan en el informe presupuestario del Poder Judicial para el 2018, se encuentra el apartado de materiales y suministro, en el cual se indica que el gasto en combustibles y lubricantes, por ejemplo, es de mil millones de colones. Por otro lado, en lo que respecta a incentivos salariales, el Poder Judicial invierte un total de ₡175 mil 740 millones 538 mil 617.
