Redacción – Ante la situación que afronta el país relacionado con la reforma fiscal del expediente 20.580, el Consejo de Académico del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional (CINPE-UNA) durante una sesión elevó el siguiente pronunciamiento y hace un llamado a la calma y al diálogo entre los diferentes actores para que se acuerden diferentes estrategias para dinamizar la economía nacional.
La UNA afirma que, de no tomarse las previsiones del caso y de no aprobarse la reforma fiscal, los impactos negativos pueden intensificarse. Otro de los puntos que tocan es que, de no ser aprobado, el Gobierno de la República deberá acudir a préstamos pero a tasas de interés aún más altas.
«Los momentos críticos que vivimos en el país ante el manejo de la coyuntura económica y fiscal y que se han tornado en un futuro incierto dependiente de las decisiones que deben tomarse para reducir los impactos negativos que tendría la crisis que se avecina ante toda la población, especialmente la personas de menores ingresos», dice el primero punto.
Además, aseguran que la economía del país no tiene buenos resultados desde hace algunos años, por lo que le da fuerza al desempleo y a otros factores.
«Que la economía nacional desde hace décadas no crece lo suficiente, a los niveles recomendados de 7% u 8% del Producto Interno Bruto (PIB), que son necesarios para crear nuevos puestos de trabajo, que permitan generarempleo e ingresos para las familias, reducir la pobreza y aumentar losingresos al fisco».
Desde su criterio, los expertos de la UNA concuerdan en que este es un problema que se arrastra desde hace dos décadas, por lo que representa un porcentaje muy alto de las deudas del país.
«Concretamente el déficit fiscal en el 2017 fue de un 6,2% del PIB, para 2018 se estima en 7,2% y para el 2019 en un 7,9% del PIB; lo que provocó un crecimiento de la deuda del Gobierno Central de 49,1% del PIB en el 2017, aun estimado de 53,8% en este año y una proyección de 58,4% para el 2019», estimó el Centro Internacional de Política Económica.
«Que entre mayor sea la deuda que asumimos como país, mayor es también el servicio de la misma que tenemos que pagar cada año. Concretamente para el 2019 se tienen presupuestados 4.6 billones de colones solo para el pago de intereses y amortizaciones, lo que representan cerca del 41% del presupuesto nacional del 2019. Y si tenemos en cuenta que solo tendremos ingresos para cubrir el 46,5% del Presupuesto, es como si todos los impuestos de toda la ciudadanía solo sirvieran para pagar los intereses de lo que tenemos prestado y únicamente quedaría un 5,5% para financiar todos los gastos e inversión del año 2019. Por esta razón, de nuevo tendremos que financiar el presupuesto con deuda por un 53,5%, lo que equivale a un 12,3% del PIB del 2019».
Esta ley propone también cambiar del Impuesto de Ventas al Impuesto de Valor Agregado (IVA) y mantener la tasa de 13% para los bienes y servicios y tazando por debajo de ese porcentaje a otros bienes y servicios.
«Esto de modo que se pueda realizar la trazabilidad de las transacciones y de esta forma además de generar mayores ingresos permite reducir la evasión de impuestos; además propone reformar parcialmente el impuesto sobre la renta para gravar con un 15% las rentas de capital, y racionalizar los pagos del empleo público, y que actualmente se encuentra en discusión en la Comisión de Hacendarios del Congreso».
Según el informe que plantea la UNA, si no se aprueba, tendría implicaciones en lo siguiente:
«a) Las señales que en general se enviarían a la comunidad nacional e internacional serían de gran desconcierto e incertidumbre, con las cuales se acrecienta el problema para todos, especialmente para los que se dice pretender proteger con el llamado a huelga de varios sindicatos a nivel nacional.
b) Esta situación de falta de ingresos y de incertidumbre haría que el Gobierno tenga que buscar los recursos mediante nuevos préstamos, pero a tasas de interés más altas, por lo que los intereses subirían también para todos los costarricenses, se reduciría la capacidad de compra, se estancaría aún más el dinamismo económico, se reduciría la rotación de los inventarios y se crecería mucho menos, con lo que no sólo no aumentaría el empleo, sino que puede aumentar el desempleo y la informalidad y al final bajarían los ingresos de las personas y se empobrecería la población. Los primeros y más afectados serían las personas y familias con más bajos ingresos y esto no debe suceder».
La institución alega que ha habido una lucha constante con respecto al plan fiscal desde hace más de 20 años pero diferentes grupos han hecho regateo para mantener sus privilegios como la exoneración de impuestos o ventajas salariales que no permiten llegar a acuerdos porque han sido infructuosos, lo que pospone la solución y es lo que nos trae a la situación de crisis actual.
«La situación fiscal y las posibles soluciones deben entenderse como un tema país, y no con una visión centrada en los intereses de determinados grupos o intereses partidistas. Paralizar servicios públicos y ocasionar problemas para las actividades productivas no contribuye a la solución del problema y más bien los empeora», concluyó la institución.
La universidad reconoce que esta reforma es urgente para reducir el riesgo de una crisis mayor. También solicita a las autoridades ejecutivas y legislativas que cumplan con la llamada «regla fiscal», es decir, no autorizar gasto corriente sin los ingresos correspondientes.
