Redacción- La Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO) ve con preocupación los impactos que ocasionaría la huelga nacional del próximo 10 de setiembre, la cual perjudicaría la operación habitual de todo el sector productivo del país.
Entre las consecuencias que generaría esta medida de presión está el incumplimiento de contratos en el exterior por parte de las empresas exportadoras al presentarse el cierre de los puertos del Caribe, el cual moviliza el 65% de nuestras exportaciones; asimismo pueden presentarse incrementos en los costos logísticos, viáticos, desvíos en los fletes, cambios de programas e impedimento en libre tránsito de productos y de la población trabajadora.
Esta huelga complicaría el panorama del sector exportador, que ya se encuentra seriamente afectado a raíz de la crisis que se vive en Nicaragua donde el flujo de las exportaciones ha disminuido considerablemente hacia ese país», aseguró Laura Bonilla, Presidenta de CADEXCO.
Para evitar mayores afectaciones, algunas navieras están recomendando a las empresas exportadoras que utilizan los servicios de puerto Moín embarcar sus productos desde ahora antes de que inicie la huelga, ocasionando que las empresas aceleren sus funciones de despacho y laboren tiempo extras con el objetivo de no perder sus mercancías ni los contratos establecidos.
Entre las empresas que más se ven afectadas por esta situación está el sector agrícola. En el caso del sector piñero, el cierre de las operaciones portuarias, pone en riesgo sólo en una semana el cese de exportación de cerca de tres millones de cajas de piña fresca, lo que le generaría a productores y exportadores un pérdida por esta causa en cercana a los $16 millones.
«Como representantes del sector exportador, abogamos por aplicar siempre los mecanismo del diálogo respetuoso para consensuar ante decisiones que incidan en los sectores. Asimismo solicitamos con urgencia al Gobierno tomar medidas que mitiguen esta afectación en todo el sector productivo, el cual es el mayor dinamizador económico del país, y evitar que nuestras empresas sufran pérdidas en sus plantas de producción, así como en sus recursos, contratos internacionales y en el adecuado funcionamiento de los trabajadores», finalizó Bonilla.
