Redacción – El presidente de la República, Carlos Alvarado, dijo en su intervención en la audiencia de las pensiones de lujo en la Sala Constitucional que su propósito de estar ahí es abogar estos pagos excesivos.
“Me presento con una única finalidad: abogar por el fin de las pensiones de lujo en Costa Rica respaldado en razones jurídicas, técnicas y éticas, en representación de miles de familias costarricenses que no aceptan la permanencia de pensiones de lujo mientras muchas familias tienen carencias”, dijo.
Además, afirma que eliminar esta situación es responsabilidad del Gobierno de la República para respaldar la seguridad de los costarricenses, pues considera que es un asunto socialmente injusto.
“Es deber del Estado resguardar un sistema de seguridad justo y equitativo, acorde con las necesidades del Estado social de derecho, capaz de ofrecer calidad de vida a todas las personas retiradas, y no solo a algunas de ellas”.
La Sala IV convocó a esta audiencia para discutir el tema que ha causado incomodidad tanto en los dos primeros poderes del Estado, así como en la sociedad.
En ella participan, además del presidente, los magistrados; la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar y el ministro de Trabajo, Steven Núñez.
«Las pensiones son para dar una vida digna a las personas en la edad adulta, no son para enriquecerlas».
Alvarado aseguró durante su intervención que la eliminación de ciertos beneficios es prioridad para el sistema de pagos de país.
“La sostenibilidad de dicho sistema se logra en buena medida mediante la eliminación de beneficios y asignaciones desproporcionadas, en donde todos aportemos según nuestras posibilidades”.
“Han pasado 20 años a la fecha desde que se emitió dicha ley y cuatro desde que se emitió la mencionada directriz, y esta medida, que es indispensable para el país, no ha llegado aún a ser aplicada de forma plena”.
El mandatario destaca que, de eliminarse, no solo permite lograr un ahorro significativo en el presupuesto Estado, sino que también corrige la correcta distribución de la riqueza.
“Las personas a las que se les ha puesto un tope seguirán aumentando, pero no de manera irrazonable ni desproporcional, sino por costo de vida”.
En su intervención, buscó fuertes palabras que describen a la perfección la crisis que enfrenta el país en una desbalanceada economía con las pensiones de lujo crecientes y presentes.
«El crecimiento actual del costo de las pensiones de lujo es éticamente insostenible y económicamente ruinoso”, explicó.
«No existen derechos absolutos ni irrestrictos que se mantengan aislados, al margen de la evolución de los tiempos. Los regímenes de seguridad social deben ser flexibles y adaptables a las necesidades de las personas y a la realidad económica del país. Con mucho más razón aquellos que, como el que es objeto de esta acción, se pagan con cargo al Presupuesto Nacional, sin una clara proporción entre lo cotizado y lo que se recibe».
También, extendió una solicitud a los jueces supremos para que dediquen un análisis a la argumentación del gobierno para defender los topes a las pensiones y una urgente resolución.
“La situación crítica en que se encuentran las finanzas públicas hace insostenible la preservación de estos privilegios. Si bien hay distintos regímenes, la sociedad es una sola. Hay que recordar que este régimen coexiste con el de la Caja Costarricense de Seguro Social, que tiene como tope ¢1,5 millones y como mínimo, ¢133 mil, al tiempo que existe el régimen de pensiones no contributivas, que es el principal programa de combate a la pobreza y que da a los adultos mayores es una pensión de ¢78 mil al mes», argumentó.
El gobierno busca recuperar y fortalecer la confianza de los ciudadanos costarricenses que aportan al país, pues da a entender que las pensiones de lujo debilitan la estabilidad de los fondos públicos.
«Está en juego la confianza de la ciudadanía costarricenses en sus instituciones, porque este un tema que ha generado la molestia generalizada en nuestra propia institucionalidad por la injusticia que representa», resaltó.
