Redacción-El presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada se opone a las pensiones de lujo y dijo que “Las pensiones son para proteger no para enriquecerse”, así como reafirmó que para su administración es una prioridad lograr regímenes justos y sostenibles en Costa Rica.
Como ministro de Trabajo, aspirante presidencial y Jefe de Estado, Alvarado ha mantenido una lucha sostenida por ponerle topes a las pensiones de lujo, respaldando reformas legislativas a los regímenes de pensiones y aplicando medidas administrativas.
Es así que, en 2016, implementó como titular de Trabajo una ley para eliminar el incremento del 30% anual a un grupo de ex diputados. Hoy a todas esas pensiones se les aplica un tope y se incrementan por costo de vida.
Asimismo, tomó una serie de acciones para la aplicación de medidas de tope a las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, contempladas en la Directriz MTSS-012-2014, amparada a la Ley 7858 de diciembre 1998.
Esta directriz, permitió un ahorro de ¢488.286.122,61 por el tope a cerca de 500 pensiones, pero debió suspenderse a raíz de que la Sala Constitucional acogió un recurso que paralizó su aplicación.
En enero 2018, siendo candidato presidencial, Carlos Alvarado Quesada, y el ex ministro Morales Mora, plantearon a la Sala Constitucional (expediente 18-000496-0007-CO) resolver la acción de setiembre de 2014.
Posteriormente, en abril pasado, como presidente electo, volvió a solicitar a la Sala resolver para permitir al Ejecutivo aplicar esa directriz y poner tope a las pensiones.
Este 18 de octubre participará en audiencia ante la Sala Constitucional junto a los Ministros de Hacienda y Trabajo, directores de Pensiones y del Grupo Asesor Legal Presidencial, reiterando un respetuoso pedido para que la Sala Constitucional responda el recurso de amparo.
Otras acciones de recorte a pensiones de lujo con cargo al Presupuesto Nacional están incluidas en las reformas legislativas (leyes No. 9380, 9381, 9383 y 9388) aprobadas en periodo anterior. Estas reformas permitieron un ahorro en 18 meses de ¢11.000 millones.
En julio pasado, el Presidente de la República y la Ministra de Hacienda presentaron ante la Sala Constitucional coadyuvancias pasivas contra los recursos de amparo planteados por altos ex funcionarios del Poder Judicial contra el acuerdo del Consejo Superior de aplicar una contribución a los jubilados que reciben más de ¢4,1 millones por mes (Reforma a la Ley del Poder Judicial, ley 9544, de abril de 2018).
Adicionalmente, bajo su administración, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha avanzado en forma significativa en la presentación ante la Procuraduría General de la República (PGR) de las lesividades en los casos en que se dio una exención en el pago de la contribución especial solidaria a 340 pensiones del Régimen de Reparto del Magisterio Nacional.
El ahorro estimado para el fisco es de ¢1.794 millones anuales en caso de que sea resuelto así por los tribunales.
Estas medidas de contención del gasto adquieren especial relevancia en el contexto de grave crisis fiscal que enfrenta el país.
