Redacción- La Asociación Nacional de Educadores (ANDE) expresó su rechazo al proyecto de Ley no. 21049, presentado por el diputado del Partido Liberación Nacional, Carlos Benavides, y apoyado por 30 legisladores más, al indicar que este «busca socavar el derecho a la huelga de la clase trabajadora».
El pasado 25 de octubre, Benavides presentó el proyecto «Ley para brindar seguridad sobre la huelga y sus procedimiento», el cual busca establecer una serie de cambios como: que en los estatutos del sindicato se incluya un medio electrónico para recibir notificaciones judiciales y administrativas. Una dirección electrónica que estará debidamente registrada ante el Poder Judicial y el Ministerio de Trabajo.
Además, se incluyen como causales de disolución de sindicatos, la organización o incitación a sus afiliados a limitar o restringir la libertad de tránsito de los ciudadanos, realizar sabotajes sobre bienes públicos y llevar a cabo cualquier conducta que comporte un ilícito penal.
Según dicta el proyecto: «En Costa Rica debe respetarse el derecho a la protesta y sus manifestaciones mundialmente reconocidas como las concentraciones y marchas pacíficas. Sin embargo, esas justas manifestaciones no deben confundirse con los bloqueos tipificados en el artículo 262 bis del Código Penal, ni contra el sabotaje a bienes públicos, ni la incitación a la violencia o cualquier otra forma que implique un ilícito penal».
Ante este panorama, el ANDE mostró su oposición al proyecto al indicar que este «pretende establecer una serie de restricciones para el ejercicio del derecho a la huelga».
«El fondo del proyecto es regresivo y pretende limitar el ejercicio del derecho a huelga de toda la clase trabajadora costarricense, cuando han sido las luchas sindicales las que han permitido sostener en pie las instituciones baluarte de este Estado Social de Derecho que una clase neoliberal trata de desmantelar», dicta en comunicado del ANDE.
La agrupación le hizo un llamado a los diputados «para que rechacen este nefasto proyecto, el cual no es más que un intento por debilitar el músculo social del pueblo costarricense, en detrimento de la democracia».
