Redacción – La legisladora del Partido Liberación Nacional (PLN), Karine Niño, decidió retomar el proyecto de ley que permita inhabilitar empresas que incumplan los contratos que tengan con el Estado para los trabajos de obras públicas.
“Contamos con estudios e informes de la Contraloría General de la República, donde se detalla que, en 10 años, únicamente dos veces se inhabilitó a empresas, y ninguna fue una empresa constructora”, indicó Niño durante el control político ante el Plenario Legislativo.
Las herramientas utilizadas por los diputados para impulsar el proyecto son los estudios de Contraloría General de la República, estudios elaborados por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, (LANAMME UCR)”, además de índices de competitividad.
“Costa Rica se ubica en el lugar 115 de 140 países evaluados en relación con la calidad de sus carreteras, pese a contar con casi 20 años, de que el país optara por crear el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) como órgano encargado de las inversiones de infraestructura vial, esto no solo es una burla para los costarricenses sino que es un forma cómplice de solapar el deficiente gasto público”, aseveró.
Sanción para contratistas
Las autoridades podrán inhabilitar a las empresas para participar en los procedimientos de contratación administrativa relacionados con proyectos de infraestructura vial pública.
Lo anterior corresponde por un periodo de cinco años, a la persona física o jurídica que, sin justa causa, incumpla o cumpla de manera defectuosa con el objeto del contrato, o infrinja los programas de trabajo pactados.
Para efectos de este artículo, se entenderá por proyectos de infraestructura vial pública, aquellos que impliquen la construcción, reconstrucción, conservación, mantenimiento y rehabilitación, que sean ejecutados por el Estado y los gobiernos locales en las vías nacionales y cantonales respectivamente.
