Redacción – El sindicato de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) confirmó este viernes que interpuso una queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra el Gobierno de la República, en la gestión de Carlos Alvarado, así como contra el ministro de Educación Pública, Édgar Mora, por «violación de libertad sindical, negociación colectiva y derecho de huelga».
«Este viernes 9 de noviembre de 2018, APSE hará entrega de una queja ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT, contra el Gobierno de la República de Costa Rica, y en particular contra el ministro de Educación Pública, Édgar Mora Altamirano», explicó el sindicato.
Esta denuncia la justifican con «una serie de acciones cometidas por la administración Alvarado Quesada, en detrimento de los derechos de la clase trabajadora».
Entre los fundamentos de la queja interpuesta contra el gobierno se destacan:
- Los efectos perniciosos del proyecto de ley 20.580.
- Las modificaciones regresivas con fuerte impacto en las remuneraciones de los trabajadores incluidas en este proyecto, tales como anualidades, dedicación exclusiva, y otros sobresueldos.
- La promulgación de varias directrices y decretos ejecutivos que afectan los salarios y modifican las condiciones de empleo de los empleados públicos.
- La Directriz presidencial 09-H que ordena a los jerarcas de las instituciones públicas denunciar las convenciones colectivas y renegociarlas, si corresponde, hacia la baja.
- La suspensión unilateral de la aplicación del Acuerdo de Negociación de Salarios del Sector Público, y la fijación arbitraria del ajuste salarial del segundo semestre 2018 y del primer semestre 2019.
- La falta de condiciones reales de diálogo previo a la huelga, debido a la insistencia del Poder Ejecutivo de impulsar por vía rápida el proyecto de ley 20.580, y su imposición en la agenda legislativa, haciendo caso omiso a las observaciones hechas por la Unidad Sindical desde la primera reunión celebrada el 10 de abril de 2018, y encuentros posteriores.
- La falta de interés de parte del Gobierno de la República, de buscar espacios de diálogo social para discutir la reforma fiscal justa y solidaria, propuesta por la Unidad Sindical y entregada en manos del presidente de la República el 30 de julio de este año.
Aparentes acciones del ministro Mora por las que se le acusan:
- El plan de hostilidad permanente y sistemática contra la huelga de parte del MEP, que comprende medidas de coacción ilegítimas contra las personas que están participando en el movimiento y prácticas antisindicales contra las organizaciones que representamos sus intereses económicos, sociales y profesionales en general.
- Intentos fallidos de Mora para boicotear la huelga y acosar a las personas que participan en el movimiento.
- Además, trató de conminar a las personas educadoras para que abandonen el movimiento y se reincorporen a sus labores.
- Solicitó la colaboración de 2 mil personas, ajenas al MEP, para que supervisaran las pruebas de bachillerato de los estudiantes de secundaria.
- Al tenor de una ilegítima ordenanza de Mora requirió a las personas en huelga reintegrarse a sus labores, dentro de las 24 horas siguientes a la comunicación de ese requerimiento, no obstante que la sentencia que declaró, en primera instancia, la ilegalidad de la huelga, no estaba en firme, sentencia que fue apelada por los sindicatos contradictores del correspondiente proceso judicial.
- Amenazó a los sindicatos que va a recortar unilateralmente, el próximo año, las licencias sindicales de participación de las personas trabajadoras en congresos y otras actividades que tradicionalmente realizan los sindicatos.
- Ha utilizado expresiones deplorables recurriendo a estereotipos machistas que pretenden deslegitimar las mujeres trabajadoras de la educación como protagonistas de la huelga.
Lo anterior son argumentos desde el punto de vista de los agremiados, quienes consideran que eso les afecta en sus espacios de luchas sociales y laborales.
«Este conjunto de actuaciones del Gobierno de la República, que incluyen las conductas disolutas del ministro del MEP, que no ha tenido el mínimo reparo de violentar sistemática y recurrentemente la libertad sindical y las libertades públicas de los trabajadores, quebranta los convenios de OIT que tutelan estos derechos, que además, son consustanciales a cualquier sistema democrático», informó la asociación.
APSE solicita que se advierta al Gobierno de la República que está obligado a respetar los anteriores convenios en materia de Libertad Sindical, como miembro que es de OIT y abstenerse de incurrir en las conductas y prácticas aquí denunciadas.
La entrega del documento de denuncia fue a eso de las 10:30 de la mañana en la oficina regional de la OIT, ubicada en San Pedro de Montes de Oca.
