Redacción-Una serie de herramientas incorporadas a la nueva Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, No. 9635, le permitirán al Ministerio de Hacienda fortalecer su lucha contra la evasión.
“Esta nueva ley se suma al conjunto de iniciativas que permiten, al Ministerio de Hacienda contar con nuevas y poderosas herramientas para combatir la evasión y elusión, fenómenos que lesionan el principio de justicia tributaria”, destacó Rocío Aguilar, ministra de Hacienda.
A partir de febrero 2019, la Administración Tributaria empezará a recibir la información necesaria para conformar el registro de accionistas, según lo estipula la Ley de Lucha contra el Fraude.
A ello se suma una norma de subcapitalización, que limita el excesivo gasto financiero; la norma anti paraíso que restringe los gastos que se haga a empresas que residen en paraísos fiscales; y la que evita las asimetrías híbridas (doble no pago de impuestos o doble deducción de impuesto a nivel internacional), todas incluidas en la nueva Ley 9635.
También está la cláusula anti elusiva para desconocer maniobras tendentes a erosionar la base imponible; el fraccionamiento artificioso de la actividad económica (no se podrá separar un negocio completo en negocios pequeños para eludir al Fisco); la regulación para separar los elementos patrimoniales por actividad económica de los personales, y el impuesto a las ganancias de capital.
“Pero no solo se trata de tener estas herramientas y de tener una buena fiscalización, lo más importante es que genere en el contribuyente la sensación de riesgo de incumplimiento. En el tanto las personas entiendan que en caso de incumplimiento hoy día tiene mayor probabilidad de ser sancionado, vamos a lograr cambiar la conducta de los contribuyentes” enfatizó Aguilar.
Actualmente, existen 462 empresas calificadas como grandes contribuyentes, según los criterios establecidos por la Administración Tributaria. Dentro de las acciones que se hanvenido realizando para el control de sus actuaciones está la obligatoriedad para que estas empresas presenten estados financieros auditados, una declaración de precios de transferencia para evitar que a través de transacciones se reflejen gastos menores y la declaración llamada AMPO, que también busca reforzar los controles sobre estas empresas.
