Redacción- La bancada de Nueva República anunció que se mantendrá vigilante en el proceso de discusión, por vía rápida, del proyecto de Ley presentado por el diputado de Partido Liberación Nacional, Carlos Ricardo Benavides, sobre huelgas.
Los legisladores partidarios de esta agrupación, quienes hoy integran la Asamblea Legislativa, le dieron luz verde al proyecto 21.049, el cual busca evitar abusos en el ejercicio de la huelgas.
El proyecto incluye propuestas como: el rebajo salarial a trabajadores que hayan participado en movimientos huelguísticos declarados ilegales, así como la restricción de la participación de instituciones que representen servicios esenciales.
Nueva República informó que el bloque «pretende evitar abusos en las declaratorias de legalidad o ilegalidad de las huelgas, por lo que reiteramos el compromiso de tener una discusión seria sobre el tema”.
La bancada anunció que se enfocará en la construcción de una Ley que garantice el derecho a la huelga pero bajo un marco de legalidad claro.
“A propósito de las posibles huelgas futuras es vital demarcar la cancha respecto a alcances y plazos, y lo más importante, cuáles son los servicios básicos e indispensables que vamos a proteger” , señaló la legisladora Ivonne Acuña.
La bancada indicó que será menester la discusión de los siguientes puntos:
- Aún no hay certeza de las resoluciones judiciales, por lo que con este proyecto se norma una forma clara de notificaciones.
- Se declarará ilegal la huelga cuando no cumpla con el objetivo para lo que fue creada, abusa de los tiempos en donde se afecten los servicios esenciales, y provoque caos.
- De ninguna manera se permitirán las huelgas indefinidas en el sector salud y educación y se establece mediante una sentencia judicial, las personas que hagan uso abusivo de la huelga.
El día de ayer con un total de 47 votos a favor, el Congreso aprobó una moción para la discusión de este proyecto mediante vía rápida.
EL DERECHO A LA HUELGA EN EL SECTOR PÚBLICO DEBE DESAPARECER
Alberto Porras González
20 diciembre 2018
Explico:
1. En el sector público, las regulaciones laborales deben respetar la ley. La oferta laboral, no puede ser ilegal, de lo contrario, como acto administrativo que es, debe ser anulado.
2. Si los empleados jefes o superiores abusan de su autoridad, en contra de otro empleado público, de mayor o menor jerarquía, cometen un delito. De eso se encarga el Ministerio Público.
3. Si el problema está en «condiciones ilegales o abusivas creadas por el patrono» posteriores a la contratación, de eso se encarga el Ministerio de Trabajo.
4. Si las condiciones laborales, legales, no les gusta a los trabajadores, entonces que renuncien y busquen otros trabajos que les guste.
Esas 4 posibilidades de las que derivan conflictos de naturaleza laboral, son todas las posibles en cualquier trabajo.
No se vale forzar el presupuesto nacional para obtener nuevos «beneficios» laborales que originalmente no fueron contemplados en la oferta laboral.
El que los empleados públicos se organicen y se constituyan en un grupo de presión, a fuerza de suspender servicios públicos, no es un acto de justicia qcomo el que ofrece el derecho a la huelga en el sector privado, sino un acto de coacción: «o nos dan lo que queremos o que el pueblo se joda, porque nosotros queremos nuestro salario completo a cambio de no trabajar». Esta propuesta es totalmente inaceptable.
Con el «derecho a la huelga» en el sector público, se pretende cambiar las condiciones laborales previstas, ofrecidas y sometidas a la revisión de legalidad inicial, por nuevas condiciones, no previstas, no ofrecidas y que superan los derechos laborales.
No hay que confundir la protección de derechos laborales, con la posibilidad que ahora, de manera incorrecta, utilizan los trabajadores del sector público, para exigir condiciones que les son más ventajosas, utilizando la presión de no ofrecer el servicio público.
Comments are closed.