- Afirma que respetan lo resuelto por los jueces
Redacción- El Ministerio de Educación Pública (MEP) bajo la figura de su jerarca, Édgar Mora, se refirió a la declaratoria definitiva de legalidad de la huelga de educadores contra el plan fiscal.
Mora afirmó que respeta el fallo de los jueces y que con esta la discusión del tema de la huelga «ya queda cerrada».
«Respetamos el fallo de los jueces, nos corresponde responder a la Constitución y a la legalidad; las conclusiones que socialmente debían de sacarse del movimiento de huelga ya la sociedad las sacó también, nosotros tomamos nota de ambos», dijo Mora.
El ministro de Educación dijo que pese al sufrimiento generado por la huelga, respeta las definiciones del juez que dictaminó la legalidad del movimiento.
«Es nuestro trabajo, como administradores de la educación, el verificar los ánimos de la población y también las leyes. Esto lo digo con entusiasmo, con tranquilidad, poniendo los ojos en el proceso educativo, en este curso lectivo y los sucesivos; lo digo con empatía, sabiendo que todos sufrimos con la huelga, incluidos los participantes del movimiento, y lo digo con responsabilidad», expresó Mora
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Esta mañana, el APSE y ANDE hicieron pública la declaratoria definitiva de legalidad de la huelga en el gremio de educadores, reso-lución que celebraron.
«Este es un triunfo más para ANDE, para su afiliación y para el Magisterio Nacional, que supo defender sus convicciones.
Agradecemos a nuestra afiliación, que con valentía se mantuvo en pie, en todas las regiones, bajo el sol, bajo la lluvia, con la convicción de que estuvimos en una lucha justa, por la defensa del pueblo de Costa Rica», comunicó el ANDE.
La huelga indefinida contra el plan fiscal tuvo una duración de aproximadamente dos meses y con esta, se vieron suspendidos una serie de servicios de carácter esencial como la salud, con la suspensión de citas médicas y cirugías, así como la perdida de lecciones y atraso en la realización de las pruebas de Bachilleratos en el plano educativo.
Según la sentencia dictaminada por el juez del Tribunal de Apelación de Trabajo, no se logró comprobar que el movimiento no era pacífico ni una afectación en servicios esenciales.
