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Para el Gobierno este 2019 será el año de la educación

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Redacción-El Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, dio por inaugurado el curso lectivo 2019 en el Jardín de Niños República Francesa, ubicado en San Nicolás de Cartago.

“El 2019 es el año de la educación costarricense y este curso lectivo debe ser de gran éxito para el país, para la niñez, para la juventud y para todo el sector educativo involucrado. Debe ser un gran éxito porque el país así lo necesita, este es un objetivo que nos une, que nos convoca a trabajar unidos», dijo el mandatario.

Este año, el Ministerio de Educación Pública (MEP) invertirá ₡1.631 millones para la contratación de 140 docentes y ₡6.900 millones para realizar 1.880 ampliaciones en jornadas. Eso permitirá atender este año 4.200 menores más, aproximadamente.

“Está demostrado que la educación en la primera infancia es clave para el desarrollo cognitivo, social y emocional de las niñas y niños. Hemos querido abrir el curso lectivo en un Preescolar para reafirmar ante los estudiantes y sus familias el compromiso de fortalecer la educación de calidad en los primeros años de la vida”, dijo Edgar Mora Altamirano, ministro de Educación Pública.

En Costa Rica, según datos MEP, la cobertura en el ciclo de Materno Infantil pasó de 63% a 84% entre 2014 y 2018. Mientras que en Transición se incrementó de 89% al 100%.

A partir del 2020 para ingresar a primaria será necesario presentar el certificado de conclusión de Prescolar (Materno Infantil y Transición), por lo cual se le recuerda a los padres y madres de familia matricular a sus hijos en esos niveles. Esta disposición se basa en el Reglamento de Matrícula y Traslados, aprobado por medio del Decreto Ejecutivo 40529-MEP.

Este año están convocados 987.000 estudiantes en más de 5.000 centros educativos públicos y privados.

El presupuesto del curso lectivo 2019 es de ₵2,6 billones, equivalentes al 7,17% del Producto Interno Bruto (PIB).

Se avanzará este 2019 para fortalecer el apoyo y evaluación del personal docente, lo cual requiere reformas a la normativa y la elaboración de una propuesta que debe de ser del conocimiento del Consejo Superior de Educación.

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