Sergio Rojas junto a Adolfo Pérez Esquivel (Foto: Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena ODHAIN).
  • Esto dijeron tras homicidio de líder indígena Sergio Rojas

Redacción-  La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA denuncian al Estado por «no tener voluntad de garantizar la integridad física de los indígenas», tras el homicidio del líder indígena Bribrí Sergio Rojas, perpetrado la noche de este pasado lunes 18 de marzo.

Según indicaron las agrupaciones, el asesinato ocurrió luego de varios intentos de homicidio, persecución y de haber sido encarcelado durante 6 meses en el año 2015, «por razones políticas».

«Las organizaciones sindicales denunciamos al Estado costarricense porque nunca tuvo la voluntad de garantizar la integridad física de los indígenas que luchan por su legítimo derecho a la tierra; a pesar de que el pueblo Bribri de Salitre y el pueblo Broran de Térraba, cuentan con señalamientos de protección estatal por parte del Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena (ODHAIN)», dijo la ANEP y Patria Justa mediante un comunicado de prensa.

Según señalaron, los «sucesivos gobiernos, por acción u omisión, se pusieron del lado de los finqueros locales, como fue el caso de la expresidenta Laura Chinchilla Miranda, en cuyo gobierno, fueron echados de la Asamblea Legislativa los representantes indígenas de todos los territorios, mientras exigían la aprobación de la Ley de Autonomía Indígena. En esa administración también se dieron muchas agresiones directas a Sergio y otros indígenas bribris».

Asimismo indicaron que parte de la responsabilidad de lo sucedido la tienen las autoridades de los gobiernos locales del cantón de Buenos Aires, pues consideran que no han hecho «mayor cosa para proteger a los indígenas».

Las agrupaciones señalaron que esperan que se esclarezca lo sucedido y las autoridades den con los perpetradores intelectuales y materiales del hecho.

«Finalmente, lamentamos que el gobierno Alvarado-Piza no ponga el mismo empeño con que arremete contra los derechos laborales, en la protección de los derechos territoriales de los pueblos originarios de Costa Rica», añadieron.