Redacción- El 13 de mayo, Costa Rica será evaluado por las Naciones Unidas (ONU) mediante el Examen Público Universal (EPU), instrumento que determina el cumplimiento o no de las obligaciones jurídicas que el Estado firmó o ratificó internacionalmente en materia de Derechos Humanos.
La deuda del país con las personas adultas mayores tiene que ver con una Política Nacional de Envejecimiento y Vejez que desde 2011 no cuenta con un plan de acción y que dejó por fuera los derechos sexuales y reproductivos de las personas adultas mayores, así como las especificidades de la población mayor LGBTI o con discapacidad.
“La actual política sobre envejecimiento y vejez está vigente hasta el 2021, por lo que desde ya se debe ir construyendo una nueva política de manera participativa junto con la sociedad civil, que incluya todos los derechos de las personas mayores y que establezca mecanismos de ejecución”, señaló Andrea Dotta Brenes, coordinadora del proceso de incidencia y vigilancia de derechos de la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO).
AGECO forma parte de las 19 organizaciones de la sociedad civil que lanzaron la campaña “Costa Rica en Derechos Humanos, ¿pasa o se queda?”, informe que reporta los retrocesos y retos del país para reconocer y proteger los Derechos Humanos de todas las personas y denuncia los incumplimientos del Estado sobre este tema.
