Redacción- La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, informó que como resultado de la aplicación de la regla fiscal, para el 2020 el crecimiento del gasto corriente en los presupuestos ordinarios de las entidades y órganos que conforman el Sector Público no Financiero, no podrá sobrepasar el 4,67%.
Para el caso del Presupuesto Nacional de la República, la aplicación de esta medida se considerará de manera agregada, mientras que en el resto de entidades que conforman el Sector Público no Financiero, su aplicación será individualizada.
Esta obligación deberán atenderla el Poder Ejecutivo y sus dependencias, así como los órganos de desconcentración adscritos a los distintos ministerios; el Poder Legislativo; el Poder Judicial; el Tribunal Supremo de Elecciones; al igual que todas las dependencias y órganos auxiliares de estos. También, se suman las instituciones descentralizadas no empresariales y sus órganos desconcentrados; los gobiernos locales y las empresas públicas no financieras.
Para calcular la tasa de crecimiento del gasto corriente presupuestario, Hacienda tomó como referencia el dato correspondiente al cierre del ejercicio económico 2018, para definir el nivel de deuda del Gobierno Central como porcentaje del PIB nominal, y los datos del PIB nominal de los años 2015, 2016, 2017 y 2018, para la determinación del promedio de su tasa de crecimiento.
Lo anterior por cuanto los artículos 5, 9 y 10 del Título IV de la Ley 9635 ( Fortalecimiento de las Finanzas Públicas) denominado Responsabilidad Fiscal, establecen que se limitará el crecimiento al gasto corriente presupuestario, según el comportamiento de dos variables macroeconómicas: i) la relación de la deuda total del Gobierno Central con respeto al PIB nominal y ii) el crecimiento interanual del PIB nominal de los últimos cuatro años previos a la formulación de los presupuestos para el año 2020.
“Una de las estrategias para lograr la sostenibilidad fiscal del país fue la aprobación y promulgación de la Ley No. 9635, “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, que le otorga al Ministerio de Hacienda una serie de herramientas, entre ellas la regla fiscal, para que el Estado costarricense mantenga en un rango prudencial la deuda total del Gobierno Central con respeto al Producto Interno Bruto (PIB), de manera tal, que no se comprometa la sostenibilidad fiscal ni la estabilidad macroeconómica del país. Esto coadyuvará a recobrar la confianza de los inversionistas nacionales e internacionales, lo cual se traducirá en una mayor inversión y su consecuente crecimiento económico”, afirmó la Jerarca de Hacienda.
