Redacción. Con el propósito de hacer más transparente el lobby de las empresas, sindicatos y otros grupos de poder ante el Congreso y el resto de instituciones del Estado, María Inés Solís, diputada del Partido Unidad Social Cristiana, solicitó que se hagan públicas las agendas, mediante un proyecto de ley.
La iniciativa, bajo el Expediente N° 21.346 busca que la ciudadanía pueda conocer con quienes se reúnen y qué intereses representan las personas que les solicitan audiencias o reuniones.
Respecto de los lobistas, la iniciativa establece la responsabilidad penal en contra que quienes, de manera inexcusable omitan dar información verás o actualizada, la cual deberá brindar a la Administración bajo fe de juramento.
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“Es muy normal que los ciudadanos acudan antes sus representantes para abogar por sus intereses, sin embargo, en los últimos años el “Lobby” se ha satanizado y erróneamente se ha extendido su imagen como algo malo, cuando en realidad no lo es. Para ello mi proyecto también propone la creación de un Registro de Lobistas, que será alimentado con la información que ellos brinden a cada uno de los órganos, entes o instituciones que visitan, y cuya información se publicará en la plataforma que maneja la Contraloría General de la República”, explicó la diputada.
La iniciativa establece una serie de sanciones que ascenderían hasta los ¢3,5 millones económicas contra los funcionarios o autoridades que incumplan sus obligaciones.
La información estaría accesible para los ciudadanos en la página web de la Contraloría General de la República.
