- Es una situación compleja para el sector agropecuario
Redacción- Desde hace varias décadas el costarricense promedio se ha ido especializando en diversas áreas laborales y ha dejado la recolección de cosechas en manos de trabajadores migrantes. No obstante, estos no encuentran voluntad política para legalizar su estado migratorio, situación que pone en riesgo nuestra producción agropecuaria.
Alrededor de 73 mil trabajadores migrantes temporales, transfronterizos y por cuenta propia se encuentran en un estado irregular migratorio exponiéndose a la deportación, mientras que los productores y agro empresarios que los contraten se arriesgarían a multas que van desde ₡886 mil hasta ₡5millones a partir del 6 de mayo próximo, fecha en que vence la última prórroga emitida por el gobierno mediante el decreto ejecutivo N°41429 del 6 de noviembre del 2018.
Tanto los patronos como los mismos trabajadores tienen la voluntad de regularizarse, no obstante, existe un vacío legal al tratarse de una actividad irregular.
“Es una situación compleja para el sector agropecuario porque por un lado dependemos de la mano de obra extranjera, pero al mismo tiempo les cerramos las puertas. Parte de estos trabajadores viven en otros países y vienen a trabajar a las fincas tan solo por unas horas o días, se les paga por trabajo realizado. Es un esquema que no calza con la regulación laboral aplicable a cualquier otro trabajador”, explicó Oscar Arias Moreira, vocero de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA).
Los productores de café, melón, frijol, cítricos, caña de azúcar, entre otros, son algunos de los más afectados ante esta situación, pues precisamente estos cultivos son los que más requieren de mano de obra extranjera. Tan solo para la recolección de café son necesarios alrededor de 40 mil trabajadores transfronterizos en la fase inicial de la cosecha, sin contabilizar la demanda del resto de los sectores.
Una propuesta sin respuesta
La CNAA propuso desde años atrás la promulgación de un decreto que declare un régimen de excepción, con la finalidad de que los productores agrícolas, pecuarios, acuícolas, agroindustriales y agroexportadoras, puedan legalizar la situación migratoria de los trabajadores transfronterizos, temporales y por cuenta propia que contraten.
“Desde el 2013 hemos abordado el tema, presentamos un proyecto de decreto ejecutivo, el cual no ha sido tomado en cuenta por falta de voluntad política y compromiso social. En todos los países del mundo existen reglas claras para los trabajadores con este estatus migratorio, en Colombia lo abordaron muy pragmáticamente, incluso Estados Unidos lo ha resuelto para recolectores de cosechas como naranja y hortalizas, tanto en California, como Florida y Texas, pero en Costa Rica aún no hay consenso”, resaltó el vocero de la CNAA.
El único logro hasta la fecha ha sido que el gobierno durante los últimos 5 años emita prorrogas de hasta un año para intentar regularizar estos trabajadores y que a los patronos no se le apliquen las multas establecidas en el artículo 177 de la Ley de Migración y Extranjería, sin embargo, a pesar de varias prórrogas no ha solucionado el problema de fondo debido a los requisitos irracionales y difíciles de cumplir tanto para el trabajador migrante como para el patrono.
