- Les parece absurdo que se les imponga al farmacéutico a tener en lugar visible el precio de todos los medicamentos
Redacción- El Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica presentó su oposición en torno al proyecto denominado: «Reglamento de Prescripción de Medicamentos de conformidad con su Denominación Común Internacional (DCI) para el mercado privado costarricense.
De acuerdo con el Colegio, el Reglamento propuesto es innecesario debido a que toda norma jurídica, y en especial la que restringen derechos o potestades ya reconocidos en normas ya vigentes, debe responder a un fin o motivo lícito, que justifique la restricción o eliminación de la situación jurídica anterior.
Ya lo ha dicho la Sala Constitucional en reiterados votos, que la restricción de un derecho ya reconocido debe responder a criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Este principio se encuentra bien expresado por la referida Sala, cuando en su resolución 08858-98 de las 16:33 horas del 15 de diciembre de 1998 estableció que “un acto limitativo de derechos es razonable cuando cumple con una triple condición: es necesario, idóneo y proporcional”.
“En el presente caso, si lo que quiere la norma es proteger el derecho de los pacientes a obtener alternativas distintas a la medicamentos de marca registrada, ya existe normativa que le permita eso, ya que las farmacias informan al paciente la existencia de otros medicamentos genéricos y a fin de cuentas es el paciente quien tiene el derecho de escoger si compra el medicamento de marca o bien otro genérico”, señala el gremio.
En el considerando 3 se establece que el reglamento tendría dos objetivos: impulsar la política pública definida por el Gobierno de usar el nombre genérico en las recetas y luego, garantizar el uso racional de los medicamentos.
“Nada de esto justifica la restricción a la libertad de prescripción que tiene el médico. Si el Estado quiere impulsar el uso de medicamentos genéricos, lo puede hacer, pero lo que no le es válido es que obligue a los médicos a prescribir solo genéricos y lo más grave, que obligue a los pacientes a consumir solo genéricos. Eso sería una imposición propia de un Estado autoritario y no de un Estado Democrático” añadieron.
Por otra parte, el uso racional de los medicamentos, en nada se beneficia al prohibir la receta con producto de marca.
Consideran que al Estado lo que le debe interesar es que el paciente esté debidamente informado por el médico y por el farmacéutico, respecto a las opciones que tiene en el mercado y que con información de calidad, el paciente pueda decidir bajo su responsabilidad, si compra el medicamento de marca o genérico indicado por el médico o bien si compra otro. No vemos que tenga que ver eso con el uso racional de medicamentos, cuando en realidad este principio es usado en los servicios públicos, más bien para restringir al paciente, el uso de ciertos medicamentos de calidad a los cuales no tienen acceso directo en la consulta con su médico.
Por otra parte, parece absurdo que se le imponga al farmacéutico a tener en lugar visible el precio de todos los medicamentos, lo cual es materialmente imposible a no ser que se obligue a “empapelar” toda la farmacia. Si el paciente quiere alternativas, en este momento las farmacias tienen sistemas digitalizados que le permiten dar esa información.
