- Aseguran que el Estado tendría la potestad de cerrar instituciones
- Consideran que la iniciativa permitiría que el Estado interprete y limite el ejercicio de libertades fundamentales
Redacción – El bloque de diputados independientes por el Partido Nueva República considera que el expediente 20.174 que castigaría los crímenes de odio, propuesto por la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), sería similar a las leyes existentes en Venezuela y Nicaragua e incluso podría tener acciones totalitarias.
«Este tipo de leyes existen en países como Venezuela y Nicaragua, y se utilizan para silenciar oponentes políticos. Aprobarla, en su estado actual, sería un paso hacia el totalitarismo y no nos parece sensato que un Estado tenga tanto poder, sea cual sea el partido de gobierno», expresaron mediante un comunicado.
Se trata de la Ley Marco para Prevenir y Sancionar todas las Formas de Discriminación, Racismo e Intorencia que fue presentado en el 2017. Ahora, se tramita en la Comisión de Derechos Humanos.
«Nueva República está totalmente en contra de cualquier tipo o muestra de descriminación y apoyan cualquier iniciativa que busque erradicarla; sin embargo, están totalmente en contra de la llamada «Ley del Odio», también conocida como la «Ley Mordaza»», indicaron desde el bloque.
La iniciativa tiene como propósito prevenir cualquier clase de exclusión, segregación o trato desigual en ámbitos públicos y privados para los diferentes sectores de la población.
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Específicamente, busca subsanar omisiones importantes que presenta el ordenamiento jurídico en relación con la discriminación y el racismo, las cuales han sido reiteradamente señaladas por las órganos creados en virtud de los convenios en materia de derechos humanos.
Además, propone la modificación del Código Penal para castigar la discriminación, la pertenencia a organizaciones de odio y otros casos de violencia contra personas por formar parte de un grupo étnico, creencias religiosas, por su orientación sexual, discapacidades o características genéticas.
Penalización
- El proyecto castigaría con seis meses a dos años de cárcel a quienes formen parte de organizaciones o grupos que se sostengan “en ideas o teorías basadas en la superioridad de una raza o cuyo fin sea promover el odio y la discriminación basada en motivos raciales, de nacionalidad, religión, edad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión del género, opinión política, origen social, posición socioeconómica, condición migratoria, discapacidad o características genéticas”.
- Otra de las sanciones sería de dos a tres años para el que “manifieste su apoyo al llamado al uso de la violencia, al odio o a la discriminación”.
- Además, se elevaría la pena establecida en el Código Penal por discriminación. Actualmente es de 20 a 60 días de multa, pero pasaría de seis meses a dos años de pena.
«Los diputados catalogan de «totalitarias» las figuras penales creadas en este proyecto, por ejemplo la llamada «pertenencia a organizaciones de odio», creada en el artículo 34, y que pretende sancionar a los miembros de iglesias o asociaciones si las posiciones políticas o religiosas de sus líderes son interpretadas como «de odio» por el Estado. De igual forma, objetan la intención de regular a los periodistas en cuanto a la forma de enfocar las noticias relacionadas con los temas del proyecto»
«Los artículos 33 y 34 incluyen penas de cárcel que van de los 6 meses y hasta los 3 años para quienes sean encontrados culpables de manifestación de odio, pero el único parámetro para establecer esa manifestación responde a que la persona ofendida asegure que se siente afectada por cualquier manifestación hecha por el acusado».
Por otro lado, se implementaría el Consejo Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Intolerancia, el cual se incluiría dentro del Poder Ejecutivo y tendría que tener un presupuesto propio, lo que podría generar aún menos balance en la actual economía por la crisis fiscal que afronta Costa Rica.
«El artículo 15 pretende crear un órgano político nuevo, dentro del Poder Ejecutivo, que influiría en cómo interpretar esos términos y vendría a funcionar como una especie de policía ideológica. Esto tiene roces constitucionales, pues le daría al Ejecutivo la posibilidad de interpretar y limitar el ejercicio de libertades fundamentales», afirma Nueva República.
El proyecto podría ser confuso a la hora de interpretar su redacción, por lo que los diputados consideran que no puede ser discutido tal y como está actualmente en la corriente legislativa y proponen 577 modificaciones al texto.
«En este proyecto se utilizan términos muy ambiguos, que se prestan para manipulaciones e interpretaciones peligrosas: por ejemplo el mismo término de «odio», sobre el cual hasta la propia Defensora de los Habitantes tuvo que admitir, en audiencia, que no había claridad», explicaron.
Desde la perspectiva del bloque, el Estado tendría la potestad de disolver asociaciones u organizaciones civiles, sindicatos, cerrar iglesias, escuelas, colegios o universidades privadas, y hasta suprimir partidos políticos, por razones ideológicas, de acuerdo con el artículo 2 del proyecto.
En esta iniciativa también participan diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Frente Amplio (FA).
