- Proyecto es una recomendación de la OCDE
Redacción. Con 43 votos a favor y tres en contra, se aprobó esta tarde en primer debate el proyecto 21248: Responsabilidad de las personas jurídicas (empresas) sobre cohechos domésticos, soborno transnacional y otros delitos.
La iniciativa busca dar un salto cualitativo en las herramientas legales con las que cuenta la Administración para responsabilizar a las personas jurídicas que dentro de su actividad económica se beneficien mediante la comisión delitos relacionados con la corrupción.
Dicho proyecto de ley es una petición para el ingreso de Costa Rica de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
«Los actos de corrupción no solo afectan al fisco, sino la prestación de los servicios públicos y la atención de las personas más vulnerables», aseguró José María Villalta, diputado del Frente Amplio, quien fue uno de los congresistas que más defendió este proyecto de ley.
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También, dotará al Poder Judicial para poder detectar, investigar e imponer sanciones eficaces, proporcionadas y disuasivas, por la comisión de los delitos cubiertos por la iniciativa de ley.
Adicionalmente, se realizan distintas modificaciones legales para cumplir con otras recomendaciones del grupo de trabajo sobre cohecho, para dotar de más y
mejores herramientas en la lucha contra la corrupción y para facilitar la cooperación internacional en la materia.
Dentro de estas modificaciones destacan la adición de un artículo al Código Penal, para establecer el delito de falsificación de registros contables y las reformas para permitir sancionar a personas físicas y jurídicas que cometan delitos de soborno trasnacional, legitimación de activos producto de soborno trasnacional y otros de corrupción, independientemente de las disposiciones vigentes en el lugar de la comisión del hecho punible.
