- Plan consiste en demoler edificio de Sabana Sur para construir uno nuevo, pero no hay fecha para las obras
Redacción. En plena crisis económica que golpea al país y obliga a los costarricenses a pagar nuevos impuestos, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) paga un alquiler de ¢54 millones al mes en un complejo de oficinas de Guachipelín de Escazú, a pesar de tener un edificio propio en Sabana Sur desocupado.
Los gastos que incurre la institución aumentan al sumar los $14 mil (casi ¢8,5 millones) por concepto de cuota de mantenimiento que cobra el oficentro donde se ubican las actuales oficinas, así como los costos que demanda el inmueble desocupado.
Solo en seguridad para evitar robos, daños o invasiones en el edificio de Sabana, se pagan más de dos millones de colones al consorcio MRDos y MR3. Además, en electricidad se cancelan casi ₵4 mil en promedio mensual y en agua cerca de ₵102 mil, según cifras suministradas por la oficina de prensa de Aresep.
Y como si fuera poco, en el edificio que ocupa actualmente la institución en Guachipelín, el recibo de electricidad sobrepasa los ¢5 millones, en aseo y limpieza ¢3,7 millones, en agua ¢175 mil y casi un millón de colones mensuales en seguridad por un puesto de 16 horas, de lunes a viernes, mediante un contrato con VMA Comercial e Industrial de San José.
¿Por qué pasa esto?
Los representantes de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) tienen desocupado un edificio en las cercanías del Parque Metropolitano La Sabana, por el que pagan seguridad, mantenimiento y servicios públicos, mientras alquilan otro por un monto millonario en Guachipelín, de Escazú.
¿Por qué pasa esto?
Luego de que Aresep decidiera desocupar el edificio de Sabana para trasladarse a Escazú, el inmueble lo alquiló durante siete años el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC); sin embargo, el 15 mayo del 2018 fue desocupado porque los 230 funcionarios de la institución trasladaron su sede a Llorente de Tibás.
«Se debía desalojar para proceder a su demolición porque cualquier contrato de alquiler nuevo, de conformidad con la Ley de Arrendamientos urbanos y suburbanos, obligaría a contraer una obligación por un plazo mínimo de 3 años, lo que implicaría tener que esperar a que el edificio se desocupara para poner iniciar las gestiones de demolición y demás que impliquen construir un nuevo edificio«, explicó la Aresep, ante una pregunta de AMPrensa.com.
La Contraloría General de la República (CGR) había dado luz verde al contrato de fideicomiso suscrito por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y el Banco de Costa Rica (BCR) el 9 de noviembre de 2018 para la construcción y equipamiento del nuevo edificio, cuyo monto era de ¢19 mil millones ($34 millones).
El 20 de noviembre de 2018, se emitió y notificó al BCR la orden de inicio del Contrato de Fideicomiso.
De noviembre a la fecha, se ha trabajado en la elaboración y aprobación de la normativa del Fideicomiso y el 26 de marzo anterior, la junta directiva -mediante el acuerdo 04-16-2019- autorizó al Fiduciario (BCR en este caso) para la formalización del financiamiento para el Fideicomiso Inmobiliario.
Las obras serán realizadas a través de la Unidad Administradora del Proyecto (UAP), la cual -según el Contrato de Fideicomiso- deberá ser un experto o grupo de expertos, sean personas físicas o jurídicas, en materia o especialidades técnicas, profesionales y científicas necesarias para la gestión y administración del proyecto para que con apego a la normativa interna y externa realice las contrataciones de bienes y servicios que permitan el pleno, efectivo y correcto cumplimiento de los fines del Fideicomiso.
Actualmente, las autoridades de Aresep confirmaron que elaboran, en conjunto con el BCR, el cartel para la contratación de la UAP y que el mismo deberá ser aprobado por la junta directiva de la Aresep.
Mientras se construye el nuevo edificio, la infraestructura de Sabana Sur seguirá generando gastos que, aunque no provienen del presupuesto nacional, son pagados con las tarifas en los servicios públicos, mediante un canon de regulación que cobra la Aresep y que fue aprobado por la Contraloría General de la República.
