- Alvarado también firmó decreto que agiliza trámites ante entidades públicas
- No es una eliminación o suspensión de los trámites que ya están vigentes
Redacción – El Gobierno de la República implementa un mecanismo de moratoria regulatoria, con el fin de evitar la creación de nuevos trámites, requisitos o procedimientos para obtener permisos, licencias o autorizaciones, la cual regirá hasta mayo del 2022.
Esta directriz busca ordenar la actividad de las entidades públicas, indicó la ministra de Economía, Industria y Comercio (MEIC), Victoria Hernández, al explicar que no es una eliminación o suspensión de los trámites que ya están vigentes.
Excepciones:
- Cuando el trámite a instaurar se deba a un mandato legal, a una emergencia nacional así declarada; responda a razones ambientales, de salud pública o de interés público (con aval de Presidencia) o bien, si se demuestra que el beneficio de dicha regulación es mayor al de su inexistencia.
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Como parte de las acciones para mejorar la eficiencia de las instituciones y facilitar procesos para los ciudadanos, este miércoles además fue firmado el Decreto Ejecutivo N.° 41795-MP-MEIC: “Sobre la Agilización de los Trámites en las Entidades Públicas mediante el Uso de la Declaración Jurada”, por parte de Carlos Alvarado y la ministra Hernández.
“Esta decisión, que parece sencilla, es fundamental para cambiar la forma en que por mucho tiempo han sido concebidos los trámites, pasando ahora de un esquema concentrado en controles previos, con exceso de requisitos y revisiones documentales, a otro con mecanismos de verificación posterior”, detalló el mandatario durante un acto realizado en Casa Presidencial.
El decreto también intenta agilizar la resolución de gestiones de los ciudadanos y empresas y el cumplimiento efectivo de los tiempos de respuesta institucional.
“Es importante destacar que el uso del mecanismo de la declaración jurada no se trata de una renuncia a las facultades del Estado para dar autorizaciones, licencias o permisos. Al contrario, busca reforzar los mecanismos de vigilancia y verificación posterior”, señaló Hernández.
Con esta medida se pretenden mejorar las condiciones para que las empresas obtengan sus permisos e inicien operaciones y no se les castigue con tiempos extensos de espera. Un ejemplo es el trabajo desarrollado entre el MEIC y el Ministerio de Salud, logrando disminuir de 91 a 7 días hábiles el plazo de emisión del Permiso Sanitario de Funcionamiento Grupo A (riesgo alto) y del Grupo B (riesgo moderado).
En el caso de los Permisos Sanitarios de Funcionamiento Grupo C (riesgo bajo), se resuelven de manera inmediata.
Con este nuevo proceso también bajaron los plazos de resolución, se generaron guías y herramientas de inspección estandarizadas y se definió un plazo máximo de dos meses posterior al otorgamiento del permiso para cumplir la inspección. Además, se tienen definidos los criterios para la emisión de orden sanitaria o cierre, entre otras medidas.
“Estas medidas son señales contundentes de nuestro compromiso de generar mejores condiciones para la operación de nuevas empresas. Es necesario frenar la creación de más trámites y priorizar nuestras acciones en eliminar procesos innecesarios, implementar estudios de impacto de las regulaciones vigentes, fortalecer los instrumentos de verificación posterior y propiciar que nuestras instituciones innoven para hacer la vida del usuario más fácil”, concluyó Hernández.
La ministra recordó que existen mecanismos, como las Contralorías de Servicios de cada institución, así como el correo electrónico infotramites@meic.go.cr para que la ciudadanía sea partícipe y denuncie procesos que se puedan considerar que constituyen una pérdida de tiempo.
