- Proyecto sancionará contrabando en los centros penitenciarios
Redacción- Imponer una multa de 10 salarios base del poder judicial, es decir, 4 millones 462 mil colones, deberá pagar la persona que sea sorprendida tratando de meter celulares, cargadores, piezas de teléfonos o cualquier otro artefacto que facilite la comunicación desde los centros penales.
Esto debido a la gran cantidad de estafas que se han dado en los últimos días que dejaron como salgo operativos por parte del Ministerio de Justicia en todo el país.
El Ministerio reveló que entre los años 2010 y 2018 se decomisaron más de diez mil aparatos celulares en todas las cárceles, lo que alarma a las autoridades ya que la mayoría de esos artefactos son utilizados para cometer delitos como estafas y extorciones.
“Durante los últimos días hemos visto como se disparó la cantidad de víctimas de esos delincuentes quienes desde las cárceles hacen lo que quieren, se ocultan detrás de teléfonos celulares para estafar; ya es hora de poner fin a esa realidad que podría costar más de cinco mil millones de colones y un millón de dólares tan solo este año a sus víctimas”, aseguró la Ivonne Acuña, diputada de Nueva República, al repasar datos y proyecciones del OIJ.
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Pero el proyecto de ley presentado por la legisladora va más allá de sancionar a los particulares que intenten ingresar ilegalmente esos artefactos; también incluye el despido e inhabilitación por más de tres, y hasta cinco años, para el ejercicio de funciones públicas, al trabajador del estado que sea sorprendido ingresando esos aparatos de comunicación.
De igual manera sucederá con las empresas que vendan algún bien o servicio a las cárceles y cuyos empleados utilicen ese acceso para introducir teléfonos celulares.
