- Proyecto de ley se analiza en la Comisión de Asuntos Económicos
Redacción. Los diputados del Partido Acción Ciudadana: Paola Vega y Luis Ramón Carranza, así como la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada, desaprueban el proyecto de ley que impone severas restricciones a la contratación directa entre instituciones públicas (Expediente N° 21.014).
La iniciativa eliminaría los múltiples beneficios que la contratación interadministrativa brinda al Estado, como la agilización de procedimientos y el ahorro de recursos.
“Esta iniciativa se fundamenta en simples argumentos ideológicos en contra de la actividad del Estado. Comete el error de subestimar las capacidades de nuestras instituciones públicas y de las personas que colaboran en ellas. Tenemos muchos ejemplos exitosos de contratación interinstitucional que refutan el contenido de este proyecto”, explicó la legisladora.
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Vega presentó un informe negativo en la subcomisión que analizó el proyecto y esa visión la comparte Luis Ramón Carranza, diputado del PAC.
“El proyecto de ley solicita que la institución a contratar que no se encuentra en competencia, lo cual es una restricción enorme, pues prácticamente todos los mercados en el país están en competencia. Es entonces una prohibición de facto a las contrataciones directas entre instituciones públicas”, explicó.
Para la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), se ha hecho un uso sistemático del régimen de excepción – previsto en el artículo 2- obviando procesos de licitación pública, promoviendo el uso de convenios entre entes públicos y manteniendo ventajas exclusivas en perjuicio del interés general de garantizar una administración eficiente de los recursos.
“Esta situación es incongruente con la coyuntura que atraviesa Costa Rica, pues estamos en un momento donde se necesita dinamizar la economía y las contrataciones directas solo estancan ese proceso y privan a miles de costarricenses de obtener un empleo, pues ya sabemos que el sector público no contrata personal para los diferentes proyectos que tienen a cargo. Este tipo de contrataciones entre instituciones del Estado, son cerradas y poco transparentes y encima de poco ayudan a la dinamización de la economía nacional”, manifestó el presidente Delgado.
Hace dos años, los presentaron presentó una denuncia ante la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) contra el Estado por prácticas monopolísticas, tras entregar un listado de 46 contrataciones, justificadas en el artículo 2, por más de ¢32 mil millones, entre los años 2014 y 2016, solo para los servicios de telecomunicaciones, tecnología y sistemas informáticos.
