- «El acuerdo perfecto no existe», dijo Macaya
Redacción- El presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Román Macaya, se refirió al acuerdo firmado por las autoridades de esta institución y los grupos sindicales del sector salud.
Macaya señaló que en medio de un drama por dos supuestos casos de muertes de pacientes a causa de un faltante importante de trabajadores de la CCSS y una negociación compleja, tuvieron que sentarse a dialogar con los sindicatos.
«Todo mundo quisiera un resultado ideal, un acuerdo perfecto pero teníamos que lograr el acuerdo posible; el acuerdo perfecto no existe», expresó Macaya.
Las declaraciones del presidente ejecutivo de esta institución surgen luego de varios cuestionamientos realizados por el sector empresarial y los mismos diputados de la Asamblea Legislativa, quienes afirman que la CCSS cedió a las presiones de los sindicatos.
Macaya indicó que, como institución encargada de velar por la atención de la salud de las personas, debían pensar en el bienestar de los asegurados al momento de la negociación.
«Eso nos tiene que orientar en todo lo que hacemos. No se trata de cualquier acuerdo, eso fue claro en un inicio en las mesas de diálogo, debía darse bajo términos jurídicos», señaló Macaya.
El presidente ejecutivo dijo que el acuerdo debía ser razonable y sobretodo, «debía ponerse fin a esta huelga que estaba comenzando a tomar un giro muy riesgoso y un poco feo para el país».
LEA TAMBIÉN: Empresarios solicitan la salida de Román Macaya como presidente de la Caja
El 20 febrero pasado, la CCSS firmó un acuerdo con los sindicatos del sector salud en el que se establece que se mantienen las anualidades acumuladas por los trabajadores de esa institución.
Asimismo, en esta se indica que los incentivos salariales se mantienen para trabajadores con años de laborar para la institución y no para los nuevos funcionarios.
Como parte de la negociación alcanzada este pasado lunes 12 de agosto, la CCSS solicitará ante los Tribunales una declaración de lesividad que permita la nulidad del acuerdo suscrito el 20 de febrero.
La declaración de lesividad es un acto administrativo por el cual una entidad considera dañino para los intereses públicos o generales, un acto previamente dictado por ella misma que es favorable a los interesados con el fin de solicitar su anulación ante la justicia.
Macaya señaló, luego de la firma del acuerdo, que la CCSS no puede por sí misma anular tal acuerdo que se suscribió en febrero con base en el bloque de legalidad que había en ese momento: la Ley 9635 publicada el 4 de diciembre del 2018 y su Reglamento (Decreto Ejecutivo 41564-Mideplan-H), el cual posteriormente fue modificado (mayo 2019).
Por su parte, la dirigencia sindical presentará ante los Tribunales de Justicia las impugnaciones que considere pertinentes y un juez determinará cuál de las partes tiene la razón.
