Redacción. El déficit que tenía el fondo de jubilaciones y pensiones del Poder Judicial disminuyó, pasando de ¢6,37 millones en el 2015 a ¢0,62 millones en el 2018, esto debido a una serie de reformas que se implementaron en mayo del 2018.
Los datos fueron dados a conocer esta mañana al anunciarse un estudio actuarial que determina la solvencia en el marco legal vigente y que se realizó en estricto apego a la normativa establecida por la Superintendencia de Pensiones (Supen) y sirve de sustento para valorar los ajustes necesarios que permitan asegurar su sostenibilidad en el tiempo.
Estas recomendaciones permiten mejorar la administración de las inversiones, valorando realizar operaciones en mercados internacionales y el otorgamiento de las líneas de crédito a la población de carácter judicial.
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Las propuestas de mejora no contemplan aumentos en los aportes, en la edad de retiro, ni reducir el porcentaje de asignación.
El Fondo Judicial registra un total de 18 mil cotizantes, de los cuales, 13 mil corresponde a personal activo y cuatro mil personas jubiladas y pensionadas.
Toda la población judicial aporta mensualmente un 13,5% de contribución al Fondo, respecto a sus salarios o jubilaciones y pensiones.
De acuerdo con la normativa establecida por la Supen, el próximo estudio actuarial que se realice al Poder Judicial deberá presentarse durante los primeros tres meses del 2020, por lo cual, ya está en proceso de contratación.
