- Diputada considera inaceptable postura de Adaptación Social
Redacción. Floria Segreda, congresista de Restauración Nacional, aseguró que un día después de ella haber puesto el recurso de amparo contra el Ministerio de Justicia por negarle información sobre el otorgamiento de brazaletes electrónicos, la subdirectora de Adaptación Social, Daisy Matamoros, le envió a una respuesta incompleta y en la que
básicamente la institución se “lava las manos” por el otorgamiento del beneficio a privados de libertad sin ningún estudio previo.
Segreda considera que es inaceptable que Adaptación Social, ante sus cuestionamientos de las razones por las cuales se otorga este beneficio a personas sin ningún estudio previo, simplemente asegure que es una responsabilidad judicial, cuando son los mismos jueces de ejecución de la pena quienes han advertido que esa institución no realiza esos análisis previos.
La ley vigente sí establece que en casos de libertad condicional el juez podrá imponer al condenado las condiciones que determine de acuerdo con el comunicado informe del Instituto de Criminología.
En cuanto al arresto domiciliario, la valoración de ubicación le corresponde a Adaptación Social mientras que las salidas restringidas por trabajo, salud y educación se deben dar previo informe del Instituto de Criminología.
“Me parece inaudito que quienes dan seguimiento y tienen a su cargo el programa de monitores o simplemente se laven las manos y no adviertan sobre los riesgos pues ellos conocen el comportamiento que ha mostrado un privado. Tratar de librarse de responsabilidades es un acto inaceptable”, criticó Segreda.
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Ante esta posición y las serias irregularidades que se han denunciado en las últimas semanas, la congresista anunció que estará presentando esta misma semana un proyecto de ley que reforma la 9271, con el fin de ser más rigurosos en el manejo de mecanismos electrónicos en materia penal.
“Vamos a ver si con esta nueva ley entienden que se debe garantizar la seguridad de todos los costarricenses; no me opongo a este mecanismo alternativo pero la gente merece condiciones mínimas que deben ser reguladas”, dijo la legisladora.
Según el informe de Adaptación Social enviado a la diputada Segreda, a abril se contaba con 1366 monitoreados, de los cuales, el 67,7 % son personas sentenciadas por primera vez.
El 52,7 % tiene una edad de entre 21 y 34 años y el 2,2 % son adultos mayores.
El 91,6 son costarricenses y el 47,1 ha cometido delitos contra la propiedad, sobre todo, robo agravado.
“Este no es un tema menor, vamos a seguir insistiendo en que se mejore el programa de brazaletes electrónicos y no vamos a descansar mientras no se asuman responsabilidades”, advirtió Floria Segreda.
