- Cámara de Industrias de Costa Rica presentó coadyuvancia a acción de inconstitucionalidad del Diputado Pedro Muñoz contra acuerdo de la Corte Suprema de Justicia.
- La acción del Diputado Muñoz es contra el acuerdo de la Corte que pretende eximir a los funcionarios judiciales de lo dispuesto en la ley fiscal vigente.
Redacción- La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) presentó una coadyuvancia a la acción de inconstitucionalidad del diputado socialcristiano Pedro Muñoz Fonseca, contra el acuerdo de la Corte Suprema de Justicia para eximir a los funcionarios del Poder Judicial de las medidas establecidas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
La CICR alegó que dicho acuerdo de la Corte Plena, viola los artículos 156 y 191 de la Constitución Política, y que la variación en el cálculo de los pluses salariales existentes y la nueva fórmula de cálculo debe aplicarse según la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, como lo aplican todas las instituciones públicas.
“Como hemos dicho reiteradas veces, la Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas debe aplicar a todas las instituciones del Estado, y el Poder Judicial debería ser ejemplo en la aplicación de las leyes, ante todas las instituciones públicas. El Poder Judicial no se puede salir del canasto y ser otra República Independiente más que no quiere cumplir la ley como debe de ser, como en su momento lo han querido la CCSS, las universidades y las municipalidades”, explicó Enrique Egloff, Presidente de los industriales.
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Enrique Egloff fue enfático al señalar que nadie está por encima de la ley, por lo que las restricciones al gasto contenidas de reforma fiscal se aplican a todas las instituciones públicas. De esa manera, la Cámara de Industrias de Costa Rica pretende que la Ley de Fortalecimiento Fiscal sea acatada por todas las instituciones públicas incluyendo el Poder Judicial, pues ninguna institución está exenta de cumplirla. La coadyuvancia fue presentada el pasado 7 de octubre de 2019.
“Estaremos vigilantes que todas las instituciones públicas cumplan con las leyes y no traten de escudarse en supuestas autonomías para mantener sus privilegios salariales”, finalizó Egloff.
