- Privados de libertad podrán internarse por 6 meses, pero deben mostrar compromiso
- Especialistas trabajarán en los centros
Redacción – Un porcentaje del dinero decomisado al narcotráfico terminó siendo positivo en la sociedad y ahora se convierte en el financiamiento de la construcción de centros para atender a privados de libertad con problemas de adicciones.
Se trata de las Comunidades Terapéuticas que tendrán programas certificados por el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA).
Estos centros se construyen en el Centro de Formación Juvenil Zurquí (Heredia) y la cárcel 26 de julio en Puntarenas, con fondos del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
Ahí se podrán albergar, por los seis meses que dura el programa, a 40 privados de libertad.
«La idea es impartir el programa dos veces al año para duplicar el alcance», indicó el Ministerio de Justicia y Paz.
De acuerdo con el director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Guillermo Araya, los centros tienen un costo de ₡800 millones en infraestructura, así como ₡75 millones en equipamiento.
El 53% de la población penitenciaria tiene problemas de consumo crónico de drogas, y ese es un factor de reincidencia, según la cartera.
«Este es un proyecto de enorme importancia para el ICD y el gobierno porque es llevarle tratamiento a privados de libertad en el mismo centro penitenciario con un abordaje multidisciplinario para asegurar el éxito», declaró Araya, director del ICD.
La ministra Marcia González destacó que los participantes en el programa deben mostrar actitud de cambio y comprometerse a cumplir con el tratamiento.
Cada unidad contará con un médico, un trabajador social, un experto en salud ocupacional y un psicólogo.
«El tratamiento dura seis meses y está basado en la abstinencia. Ellos deben asumir el compromiso de aceptarlo», explicó Sarita Villegas, directora de la Unidad de Inserción Social del ministerio.
Este año también se construirá una comunidad en el CAI Carlos Luis Fallas (Pococí) y otra en la antigua sección de máxima seguridad del La Reforma.
Los fondos para la construcción de las comunidades (salvo el proyecto de la antigua máxima seguridad, que se edificará con recursos propios) son administrados por la Fundación Universidad de Costa Rica.
Esta entidad se encarga de todo lo concerniente a la licitación, la elaboración de los planos y las contrataciones.
