Redacción. El silencio que ha imperado en los interrogatorios de los miembros de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) será combatido por las diputadas: Ana Lucía Delgado, del Partido Liberación Nacional y María Inés Solís, de la Unidad Social Cristiana.
Ambas han solicitado información a todas las entidades públicas y poderes del Estado con el propósito de esclarecer cómo funcionaba la UPAD y qué tipo de información se manejaba.
La solicitud de Solís, por ejemplo, pedía información a Ministerios, Instituciones Autónomas, Bancos estatales, Operadoras de Pensiones, Agencias de Seguros, Defensoría, Contraloría, Poder Judicial, TSE, Universidades, Senara, ESPH, CNFL.
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«Queremos investigar cuáles instituciones contaron con el aval de su Asesoría Jurídica, para la firma de algún convenio marco con la Presidencia y así permitirles la entrega de datos confidenciales a la UPAD», destacó.
Agregó la legisladora que esa información es importante para determinar las responsabilidades de orden laboral, penal e incluso para el cobro de multas pecuniarias en contra de las entidades que manejen mal sus bases de datos.
Por su parte, Ana Lucía Delgado dijo que ella cuenta con un informe detallado del Mideplan que se está utilizando en esta comisión para analizar la participación de cada uno de los actores políticos en todo esta investigación.
