Redacción. Tras muchos meses de discusiones sobre este tema, los magistrados y las magistradas aprobaron hoy finalmente que cumplirán con la reforma fiscal, tal y como lo recomendó la Contraloría General de la República el 31 de enero 2020.
De esta manera, el pago salarial de los servidores y servidoras judiciales se cancelarán de forma nominal a la base y el pago de la cesantía bajará a 8 años, tal como lo indica el Título Tercero de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
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La resolución afirma: acatar lo resuelto por la Contraloría General de la República e implementar conforme a lo ordenado y al plan de trabajo presentado por la Presidencia de la Corte, lo dispuesto en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635.
Con esto queda sin efecto, un recurso de apelación interpuesto por Fernando Cruz, presidente de la Corte.
