Redacción. Las autoridades de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica emitieron un dictamen negativo al proyecto de «Ley para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las Municipalidades ante la emergencia nacional por la pandemia de Covid-19».
Esto está contenido en el expediente legislativo Nº 21.922 y suspendería de forma permanente la aplicación de la regla fiscal a los gobiernos locales.
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Si bien el Banco Central apoya las acciones tendientes a mitigar los efectos macroeconómicos y sociales negativos asociados con la rápida propagación del Covid-19, en criterio de la Junta Directiva el proyecto de ley 21.922 no parece claramente orientado en esa dirección, y más bien tendría consecuencias macroeconómicas perjudiciales para el país.
El proyecto de ley autoriza el aumento en la planilla y en los gastos administrativos de las municipalidades en el bienio 2020-2021.
Sin embargo, no presenta una explicación clara sobre la vinculación entre la pandemia por covid-19 y la necesidad que tendrían las municipalidades de incrementar sus gastos administrativos.
Tampoco señala el proyecto la forma en que sus disposiciones incidirán positivamente sobre la población supuestamente beneficiada.
Los gobiernos locales reciben transferencias del presupuesto de la República, por lo cual la difícil situación fiscal y la búsqueda de la sostenibilidad en las finanzas públicas no les son ajenas.
Además, es claro que las obligaciones de los gobiernos locales podrían convertirse en pasivos contingentes para el Gobierno, en caso de una inadecuada gestión financiera.
También, consideran que el proyecto de ley es contraproducente y perjudicial para la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad económica del país.
Además, el proyecto riñe con el deber de transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos, y en ese sentido es contrario a las mejores prácticas internacionales y a las recomendaciones de la OCDE.
