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Centros penales contarán con sistema de bombeo de aguas

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Imagen con fines ilustrativos

Redacción- La Contraloría General de la República (CGR) le denegó la solicitud al Ministerio de Justicia de contratar  de forma directa a un oferente específico para el servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de bombeo de aguas de los centros penales del país.

El ente Contralor  señala que el Ministerio ya tiene una adjudicación en firme con un contratista que resultó adjudicatario de la licitación pública para tales fines, acto de adjudicación que quedó en firme la semana pasada al no apelarse la adjudicación emitida por el Ministerio.

«La empresa adjudicataria cuenta con la capacidad de cumplir con el objeto de la contratación que se requiere y ahora ese ministerio debe formalizar lo antes posible la contratación para que los centros penales del país cuenten con el agua que es un recurso que es necesario para cumplir con las medidas del Ministerio de Salud ante el Covid-19”, señala la resolución.

Para agilizar la entrada en ejecución de dicho contratación, la CGR le autorizó prescindir del refrendo interno del contrato que formalice esa Administración con el adjudicatario de la Licitación Pública 2020LN-000001- 0006900001, y apresurar el inicio de la contratación.

«Los fallos en sistemas de aguas dentro de los centros penales son constantes debido al comportamiento de algunos de los usuarios y el gran deterioro de tuberías, accesorios y demás elementos relacionados. En promedio, el contratista realiza entre 10 y 15 visitas mensuales a los distintos centros penales, de ahí la urgencia de no quedar desprotegidos durante el periodo mencionado adicionándose, con no menos importancia, el estado de emergencia nacional establecido mediante el Decreto Ejecutivo 42227-MP-S, del 16 de marzo del 2020 y la necesidad adicional de agua potable que representa dicha situación sanitaria para la correcta ejecución de las labores de limpieza y desinfección de la infraestructura, así como para la higiene personal de las personas privadas de libertad», dice el oficio.

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