Redacción. Los legisladores alcanzaron un consenso para votar el proyecto de Ley de Usura con 50 votos a favor y allanaron el camino realizando cambios de última hora y rechazando un montón de mociones que habían presentado.
El proyecto de ley 20.861 busca controlar la usura en el país y beneficiará a muchas personas que tienen tarjetas de crédito y financiamientos.
El segundo debate se dará el miércoles 29 de abril.
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Se aprobó el cambio de prohibir a las personas físicas y jurídicas, que otorguen financiamiento a terceros incorporando la tasa de interés, costos, gastos, multas o comisiones que superen los límites establecidos en la presente ley.
David Gourzong, del partido Liberación Nacional y Welmer Ramos, del Partido Acción Ciudadana, explicaron que la ley no es retroactiva y esto hace que los costarricenses no puedan renegociar contratos ya existentes y buscar mejores oferentes de créditos.
La iniciativa es de cumplimiento obligatorio tanto para el sector financiero formal como
informal, brindando nuevas herramientas jurídicas a los consumidores, para
protegerlos de la usura, según el artículo 243 del Código Penal.
Por su parte, Welmer Ramos, diputado del Partido Acción Ciudadana, dijo que las tasas interés en algunos bancos privados llegan hasta el 50% anual, al igual que en otras casas comerciales y casas de empeño, cuyos porcentajes son muy altos y deben de disminuir.
Erick Rodríguez, diputado independiente, dijo que votaría en contra de esta iniciativa y negó que con su oposición quiera beneficiar al sector bancario nacional.
«La regulación siempre es mala y que lo diga Venezuela», dijo el congresista.
Por su parte, Ivonne Acuña, manifestó que este proyecto afectará mucho a muchas personas que no tienen acceso a los créditos ya que tendrán que ir a tocarle la puerta a los prestamistas de la esquina.
Además, dijo que no es el momento de votar esta iniciativa.
De acuerdo con la iniciativa, las tasas máximas señaladas serán calculadas y establecidas por el Banco Central de Costa Rica (BCCR).
Se prohíbe a personas jurídicas o físicas que otorguen el financiamiento, fragmentar créditos regulares en montos iguales a 1,5 salario base.
